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La confirmación hecha por la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras su última visita a Chillán, el pasado 20 de agosto, respecto a que, en definitiva, el Gobierno no tiene planes para construir una nueva cárcel regional en Ñuble, fue un duro golpe de realidad para quienes querían ver el principal penal de la zona fuera del radio urbano.
Pero además, obliga a las autoridades locales a planificar solo “con lo que hay” cualquier mejora en términos de seguridad penitenciaria, y a la vez proteger el entorno del recinto carcelario, rodeado de casas, reparticiones públicas, escuelas y locales comerciales.
Es en este contexto que en Gendarmería Regional, la semana pasada, afirmó que esperan presentar un proyecto al Gobierno Regional, en orden de conseguir recursos para instalar mallas que eviten el lanzamiento de drogas y celulares desde el exterior.
Y el diagnóstico general incluye un dato que va de la mano con las causas que explican el aumento de la criminalidad en el país y en la región: un fuerte aumento de delincuentes extranjeros, que en lo que respecta al sistema penitenciario local pasó de 13 en 2022, a 23 en 2023, para triplicarse este 2024, año que a la fecha ya cuenta con 95 reclusos originarios de otros países.
“Estos 95 reos, equivalen a un 7,8 por ciento, del total de la población penal que tenemos en la región, distribuidos en los penales de Chillán, Yungay, Quirihue y San Carlos”, advierte el coronel Mario Palavecinos, director regional de Gendarmería Ñuble, quien agrega que “es importante aclarar, que estas personas no delinquieron en esta zona, son internos que han llegado por poder descongestionar las cárceles de otras regiones”.
De todas formas, los informes sicológicos realizados por la institución y la revisión de sus informes permiten establecer que se trata de internos de baja peligrosidad.
Confirmación de identidad
Tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio del Interior han afirmado que uno de los problemas más complejos de resolver cuando se detiene a un extranjero en calidad de imputado por algún delito, es que en muchas ocasiones se trata de personas que ingresaron de manera ilegal al país, y en el caso de países como el de Venezuela, se muestra reacios a colaborar con las policías chilenas para identificarlos de manera oficial.
Ya ha habido casos de reos de altísima peligrosidad, como el sicario Moisés Bastardo Bastardo (tres homicidios en Chile, incluyendo el de un escolar), quien presentando una identidad falsa, fue destinado a una cárcel de baja seguridad en la Provincia del Biobío, tras ser detenido por tráfico de drogas.
Según el coronel Palavecinos, en Ñuble, “todos están identificados de manera oficial. Pero las complicaciones ocurren generalmente cuando se trata de presos preventivos que cometieron delitos en la zona y aún están en proceso de formalización, en tribunales. Ahí las policías deben hacer un trabajo más exhaustivo para confirmar realmente quiénes son los internos de estas cárceles”.
