Transcurridos los cinco días hábiles que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) dio a Agrícola y Frutícola Veneto para entregar un cronograma en que detallara las acciones que realizaría para efectuar el cierre del plantel porcino Santa Josefina, ubi-cado en el sector Bustamante de Coihueco, el organismo fiscalizador aseguró que la empresa no entregó ningún documento que cumpla la sanción impuesta.
La SMA explicó que “con relación al cronograma de cierre Plantel de Cerdos Santa Josefina, según lo ordenado originalmente en la resolución sancionatoria y solicitado a la empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., la Superinte-dencia informa que el titular no presentó ninguna acción en cumplimiento con dicha sanción. Al respecto, la SMA está analizando las acciones a seguir para dar cumplimiento a la clausura definitiva del recinto por encontrarse aquél ejecutándose al margen de la ley sin contar con su respectiva Resolución de Calificación Ambiental”.
La Superintendencia solicitó el cronograma luego de que la empresa inclumpliera el plazo de diez meses para eliminar la masa ganadera, que supera los 6 mil cerdos.
“Cerrar el plantel porcino equivale a que lo compren”
Agrícola Veneto admitió que no entregó el cronograma, pero precisó que sí envió una respuesta que explica los motivos jurídicos por los que se niega al cierre del plantel
El abogado representante de la empresa, Juan Carlos Urquidi, detalló que “ingresamos un escrito de reclamación respecto de las pretensiones de la Superintendencia, dado que un recurso de protección se encuentra en la Corte de Apelaciones, que se debe pronunciar. Por lo tanto cuando hay algo sometido a la justicia ordinaria, el Poder Ejecutivo debe abstenerse hasta que la justicia zanje el asunto por medio de una sentencia”.
Urquidi enfatizó que “no presentamos el cronograma de cierre, porque la Superintendencia no tiene facultades, ni fundamento alguno para exigir el cierre desde el punto de vista jurídico”.
Los abogados fundamentaron su afirmación en que la LBGMA (Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente) y que exige una RCA, entró en vigencia en 1994, después de que el plantel de cerdos iniciara su actividad económica.
En el documento que presentó la empresa los abogados aseguran “no requerir de una RCA ya que la actividad silvoagropecuaria que realiza data de hace más de 60 años, junto con constituir un plantel de pequeño tamaño que no genera impactos significativos en el medio ambiente”.
Urquidi manifestó que “este plantel opera en la producción de cerdos desde la década del 70 y por lo tanto tienen derechos adquiridos. Entonces el Estado va a tener que expropiar esto y pagar la indemnización o compensación que corresponda, esto no es gratis. Cerrar el plantel porcino equivale a que lo compren, y si lo compran y lo pagan, no tenemos problema con eso”.
Adjunto a la respuesta enviada a la SMA, la empresa anexó un informe socioeconómico de costos de clausura del plantel, elaborado por la Universidad Austral.
El informe concluye que “1.900 millones de pesos es el valor estimado del precio al cual la empresa podría venderse o alternativamente la indemnización que debe-ría pagarse en el caso de una expropiación”.
La empresa adjuntó también la última fiscalización de la Seremi de Salud. En el acta de inspección se afirma que “se visita área donde se ubica canal de regadío El Carmen, y aguas abajo en zonas de distribución de aguas, no constatando descargas de residuos líquidos o emanaciones de olores molestos al momento de dicha visita”. Sin embargo, la Seremi de Salud en fiscalizaciones anteriores ha cursado tres sumarios con multas que alcanzan las 250 UTM, según datos de la autoridad sanitaria.
Rechazo de la comunidad
Los vecinos del sector de Bustamante han denunciado por años problemas de posible contaminación de aguas y malos olores.
Juan Carlos Urquidi destacó que su estudio de abogados pretende trabajar con la comunidad para solucionar sus demandas.
“Estamos trabajando en un plan de contactar a las comunidades, a las personas que están dentro del área de influencia y poder levantar información suficiente para entender bien el planteamiento que ellos están haciendo y ver cómo lo podemos resolver de una manera negociada”, sostuvo.
Y añadió: “Lo que no nos parece prudente ni razonable es que esto se politice, y que sean parlamentarios, o políticos de la zona, los que estén levantando banderas sobre un caso que no tiene ningún fundamento jurídico”. Esto en relación al oficio que presentó el diputado Frank Sauerbaum (RN) a la SMA.
En tanto, los vecinos se resisten a la permanencia del plantel porcino en el sector. Rosa Saldías, vicepresidenta de la Junta de Vecinos Nº 9 de Bustamante, manifestó que “no estamos de acuerdo con esto, porque el Estado le dio mucho tiempo a la empresa para que ellos mejoraran su proyecto y no lo hicieron, las comunidades no tenemos abogados que nos defiendan. No creemos en las promesas de la empresa”.
Bernardo Zúñiga, vecino del sector, enfatizó que es de muy mal gusto que nosotros tengamos que seguir con el mal olor y la contaminación de las aguas, porque hay que vivir en el sector para sentir los malos olores, si bien no es de todos los días, a veces es insoportable. Además siguen botando agua innecesariamente en los potreros, están esperando a que la población se empiece a enfermar por aguas contaminadas y ahí recién se van a dar cuenta que hay un problema. La opinión de nosotros no se vende”.
