El presidente, Gabriel Boric, firmó ayer el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda para su implementación, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.
Junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ha liderado la instancia, explicó que el objetivo de esta iniciativa es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales. Todo esto, además, enmarcado en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue iniciado durante el primer año de gobierno del Presidente Boric, y cuenta con un importante componente participativo inicial.
Para su preparación se realizaron 67 encuentros en todo el país, con la participación de 775 personas, además de cuatro mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades.
En particular, Ñuble tuvo una participación activa en este trabajo. Desde noviembre de 2022 hasta julio de 2023, se realizaron encuentros con familiares agrupados y no agrupados, para dar a conocer las inquietudes de estos, las que fueron recogidas en el documento final, que forma parte del decreto que firmó ayer el Presidente, el cual fue previamente aprobado por el Comité interinstitucional de Derechos Humanos.
El plan permitirá conocer y reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo su detención, secuestro y su destino. Trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará, con las investigaciones judiciales -a través de la concreción de pericias y diligencias pendientes- y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.
A la vez, continuará con las labores de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas, y la posible restitución de las personas víctimas de desaparición forzada; determinando en primer lugar, aquellos trabajos en terreno que están pendientes de realizar (por falta de tecnología o presupuesto) para comenzar a ejecutarlos en los lugares que se requiera.
También incorporará las nuevas tecnologías y la digitalización en el ámbito judicial, y tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.
“La memoria la hemos tenido siempre”
La seremi de Justicia de Ñuble, Elizabeth Riquelme, sostuvo que “en nuestra región se ha documentado la desaparición forzada de 60 personas. Nos hacemos parte del dolor de sus familiares y nos esforzaremos en su búsqueda”.
Añadió que “esta es una de las grandes noticias del año en materia de promoción y protección de los derechos humanos. El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia es un compromiso del Estado de Chile con las víctimas de las más graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura; y, al mismo tiempo, un esfuerzo para establecer garantías de no repetición”, dijo.
Teresa Retamal, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AF.DD) de Ñuble y coordinadora de la mesa de trabajo de Derechos Humanos, manifestó tener confianza en los resultados que pueda tener el plan.
“Antes de este lanzamiento del Plan de Búsqueda, nosotros hemos tenido reuniones no tan solo con el Presidente de la República, sino también con el ministro de Justicia. Creo que ellos tienen las mejores intenciones, y notamos que tienen las ganas y la responsabilidad, y también sienten el derecho como autoridades de darle no un punto final, pero por lo menos, intentar encontrar un resto de nuestros familiares. Consideramos que, aunque sea un par que encontremos a nivel nacional, es porque no hemos dejado de luchar y de buscar la verdad, no tan solo la justicia, porque la memoria la hemos tenido siempre”, manifestó.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su jefa local, Isabel Amor, planteó que “implementar un Plan de Búsqueda es una obligación moral y también legal desde 2009, cuando el Estado de Chile ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas”.
Añadió que “es fundamental que este esfuerzo enfrente la deficiencia de registro, sistematización y divulgación de las cifras exactas de personas que habrían sido víctimas de desaparición forzosa, y que entregue verdad, justicia y reparación a tantas familias que hasta hoy lo están pasando mal en nuestro país”.
Según Isabel Amor, “el plan de búsqueda debe ser la base que cimente el camino para una convivencia democrática en el país”.
