El plan de ajuste fiscal, puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei, ha desatado un creciente conflicto con los gobernadores provinciales, a quienes el libertario acusa de bloquear sus ambiciosas reformas económicas, mientras su administración profundiza el recorte de giros de fondos a los distritos del país.
El enfrentamiento va en aumento: de los cruces verbales, pasó a la Justicia -varios gobernadores han acudido a tribunales federales y la Corte Suprema-. Y ahora varias provincias petroleras amenazan con cortar el suministro de hidrocarburos el miércoles próximo si el Estado nacional no les transfiere los fondos que reclaman.
De las 23 provincias argentinas, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, ninguna está gobernada por La Libertad Avanza, la formación que lidera Milei.
Aunque hay gobernadores claramente opositores a la nueva administración y otros más “dialoguistas”, todos los distritos se han visto afectados por el plan de ajuste fiscal equivalente al 5% del PIB emprendido por Milei y por su paquete de reformas orientado a desregular la economía y que quedó plasmado en un decreto firmado por el presidente en diciembre y en el proyecto de la denominada ‘ley ómnibus’, cuyo debate parlamentario naufragó.
Milei echa gran parte de la culpa por ese fracaso legislativo a los diputados que votaron en contra del proyecto -o parte de él- siguiendo las órdenes políticas de los gobernadores de las provincias a las que pertenecen.
Muchos mandatarios provinciales, a su vez, acusan a Milei de pretender sanear las cuentas públicas nacionales colocando a las provincias como variable de ajuste y negándose a darles una mayor participación en el reparto de los impuestos recaudados a nivel federal.
