La Región de Ñuble es hoy una zona rezagada económicamente respecto del resto del país. Así lo demuestran diversos indicadores, como la desocupación, el crecimiento, la pobreza, la conectividad y los salarios. Y si bien Chillán y Chillán Viejo en su conjunto exhiben números que están sobre la media regional, en la mayoría de las comunas de Ñuble esta realidad es mucho más aguda, lo que está fuertemente ligado a las dificultades de sus actividades económicas.
Asimismo, en la mayoría de las comunas del secano y la precordillera se observan fenómenos compartidos de fuga de capital humano, indigencia en sectores rurales apartados, dificultades de acceso a agua para riego y precaria estructura productiva y baja agregación de valor.
En respuesta a este atraso, en junio pasado, el Gobierno Regional presentó el Plan de Nuevos Territorios en Desarrollo–Cordillera, que se suman a la Zona de Rezago del Valle del Itata, que data de 2016.
De acuerdo al informe elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, las comunas que cumplen con los criterios para integrar el nuevo plan son: Bulnes, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Carlos, Coihueco, Ñiquén y San Fabián. Es muy probable que también ingresen San Ignacio y Yungay.
Actores políticos y económicos locales consultados por La Discusión coinciden en que las comunas seleccionadas reúnen méritos de sobra para ser incluida en este plan. Igualmente, todos sostienen que la definición del plan debe considerar la opinión de los habitantes, que las medidas que se implementen deben surgir a partir de un diagnóstico de la realidad económica y social de la zona y no desde una oficina en Chillán; y que la actividad agrícola y la sostenibilidad ambiental deben tener un espacio relevante en este diseño, por el peso que tienen en la estructura productiva y social de todo el territorio seleccionado.
No obstante lo anterior, hay experiencia reciente -en la zona de rezago del Valle del Itata- que demuestra que muchas de las decisiones en el período 2018-2022 se tomaron en Chillán y Santiago, sin considerar una adecuada participación de la comunidad en su definición, lo que además de restarle legitimidad, condujo a diagnósticos y medidas erradas.
En el caso del Plan Cordillera, hay un proceso participativo de aproximadamente seis meses, donde se implementarán mesas de trabajo sobre recursos hídricos, conectividad vial, emprendimiento, seguridad ciudadana, y desarrollo de capital humano, entre otras. Luego de socializar los resultados de este trabajo comunitario con los servicios relacionados, se elaborará un diagnóstico y se definirá una cartera de iniciativas a ejecutar durante un periodo de cuatro años.
Habrá que seguir con atención este proceso, a fin que la participación sea real, amplia y diversa, de manera que sus habitantes se identifiquen con el plan y sus proyectos y fiscalicen su cumplimiento.
Brindarle la oportunidad a los habitantes de las zonas más pobres de Ñuble de ser partícipes del desarrollo económico es un derecho, y su ejercicio dependerá en mucho de la voluntad política de sus autoridades, como de la participación y el control social que la ciudadanía sea capaz de ejercer.
