La Municipalidad de Chillán comenzará a estudiar la situación de los comerciantes establecidos en la plazoleta Sargento Aldea, quienes se habrían visto afectados por la pandemia, lo que habría limitado de manera importante sus ingresos.
Hoy lunes concejales de la ciudad expusieron la posibilidad que la entidad edilicia otorgue un descuento en el valor de las patentes que deben cancelar mensualmente los locatarios.
Si bien hace unos meses se les habría concedido una rebaja del 40% de los derechos que cancelan al consistorio, se estaría pidiendo incrementar esa cifra hasta un 80%.
A pesar de que existe interés por apoyar a los comerciantes, se cree que es necesario estudiar la situación caso a caso y ver si en definitiva la municipalidad está facultada para realizar exenciones.
El contralor Wenceslao Vásquez comentó que “ni la municipalidad ni el alcalde están facultados para condonar deudas, lo que es materia de una ley”.
El profesional agregó que si fuera entregado el beneficio solicitado por un grupo de locatarios, aquellos que pagaron sus obligaciones estarían en derecho de reclamar un trato especial.
Vásquez puntualizó que “el mercado no es un buen negocio para el municipio, pues pierde plata”.
Sin dar detalles, se planteó que lo que invierte la entidad edilicia es mucho más que lo que obtiene por concepto de pago de arriendos de los locales comerciales establecidos en el sector.
El concejal Víctor Sepúlveda agregó que la municipalidad no debe ver esta zona de la ciudad como un polo de desarrollo comercial, sino que “como apoyo social a muchas familias”, independiente de que a unas les haya ido bastante bien.
La concejala Nadia Kaik indicó que el tema debe ser analizado de manera más detallada, pues dentro del centro de abastos hay muchas realidades, y así como hay quienes cancelan sus tributos de manera oportuna hay otros que en verdad han tenido problemas económicos, sobre todo durante el 2020, por lo cual requieren un tratamiento especial.
Pero a pesar de ello, la edil pidió que el municipio entregue un informe que permita conocer cuántos son los locales establecidos en el lugar, y además cuanto paga o está comprometido a cancelar anualmente.
“Tengo la impresión que los valores que se cobran a las personas son muy bajos y espero que me confirmen si es que efectivamente hay quienes pagan 100.000 pesos al mes o cifras parecidas”, detalló.
Nadia Kaik puso énfasis en que es preciso saber cuantos de los locales que existen en el sector están siendo subarrendados a valores muy superiores a los que obtiene el municipio por cada uno de ellos.
Confirman subarriendos
La directora de Administración y Finanzas, Susana Baeza, confirmó en tanto que los titulares de los puestos municipales obtienen finalmente rentas mensuales por el arriendo a otras personas, los que son mucho mayores a lo que pactaron con el municipio. La profesional planteó durante el concejo que “los arriendos son más elevados de los que nos pagan a nosotros”.
