La Ley 21.172 o popularmente conocida como “Chao Cables” comenzó a regir esta semana, a seis años de su promulgación en agosto 2019.
La normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones, grandes y pequeñas, a retirar la “basura aérea”.
A partir de su publicación en el diario oficial, el 21 de septiembre, previa toma de razón de su reglamento por parte contraloría en marzo pasado, se deberá trabajar en planes de retiro programados y coordinados con autoridades para avanzar progresivamente en un plazo de hasta tres años.
La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), que reúne a empresas del sector de telecomunicaciones y tecnología, firmó un convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) y la Asociación de Municipios Rurales (Amur), para trabajar en el levantamiento de información territorial que permitirá priorizar las comunas críticas y apoyar la planificación de acciones concretas para despejar calles y veredas de infraestructura obsoleta.
“Para que ellos también nos ayuden a canalizar la demanda, porque no todas las empresas tienen la capacidad técnica ni las cuadrillas suficientes para ir a los 325 municipios todos al mismo tiempo. Entonces, el propio reglamento dice, vamos a hacer planes programados, ordenados, anualmente. Por lo menos tres planes anuales contemplados, es decir, cada plan de 12 meses. Por tanto, todo este trabajo deberíamos tener la capacidad de finalizarlo en los próximos tres años. El plan junto con la Achm nos va a decir, hemos recogido información por parte de los municipios y consideramos que estos son los 100 primeros municipios que hay que ir a trabajar. Por tanto, eso nos va a permitir durante lo que queda de este mes poder hacer esa determinación”, explica el presidente de Idicam, Rodrigo Ramírez.
En la actualidad, las empresas también están recogiendo datos, mediante tecnología, para reconocer aquellos puntos con elementos en desuso, de manera de obtener un mapa que pueda proyectar imágenes y coordenadas geográficas.
“Ahora, este reglamento va a poder mostrar visualmente aquella infraestructura. A cada compañía, le estamos pidiendo que haga ese levantamiento de información, y entonces georreferenciar visualmente dónde está la infraestructura. Ese puede ser el trabajo que están haciendo las compañías hoy. Segundo, hay que hacer el match de esa información con lo que están levantando los próximos municipios”, indica.
Respecto a las razones de las empresas que las llevaría a acumular material de este tipo en el tiempo, desde Idicam señalaron que discusión en torno a las facultades y responsabilidad de quién se hacía responsable de su eliminación, dilató el tema lo que finalmente logró zanjar la ley.
“Porque las empresas quebraron o se fusionaron, entonces, toda esa infraestructura fue quedando en los postes. Y después vino la transformación digital, entonces la mayoría de esa infraestructura, que antes era de cobre y fibra óptica, fue transformándose, pasó de una naturaleza a otra tecnología. (…) Siempre hubo la discusión de quién tiene el dominio y la facultad para la basura en los territorios. La discusión, entre el municipio y las empresas, porque los municipios decían, no nos den más atribuciones ni más facultades porque no tenemos plata para hacer una cosa así. Bueno, entonces lo que hace este reglamento y esta ley, además de hacerlo obligatorio, fija en tener ese poder de manera más eficiente y de manera ordenada”, aclara.
En caso de que las compañías incumplan la medida, el municipio correrá con el retiro subsidiario. Eso sí, las infracciones serán sancionadas en el Juzgado de Policía Local con multas de hasta 1.000 UTM (cerca de $69 millones).
Selección de primeras comunas
Desde el Gobierno regional se ha dispuesto la priorización de las comunas en Ñuble que requieren, por su basura aérea y características demográficas, una intervención en una primera etapa.
“Cumplimos con el levantamiento de información en el tiempo establecido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, respondiendo así a la priorización de las 10 comunas que deben ser consideradas en los próximos planes anuales de retiro y ordenación de redes. Estas se seleccionaron no solo por la saturación visual, sino también bajo los criterios de capital provincial, intercomuna y territorios con vocación turística para garantizar el ordenamiento territorial de estas zonas. Entonces las primeras comunas propuestas fueron Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, San Carlos, Quirihue, Cobquecura, Pinto, Quillón, San Fabián y Yungay; y esperamos que en el mediano plazo se amplíe la medida a más localidades de Ñuble”, detalla el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo.
Si bien el GORE estima necesario comenzar el retiro en aquellas comunas, está información deberá ser evaluada por la Subtel, que es la encargada de autorizar los planes que van a ejecutar las empresas.
“Lo que viene ahora es la notificación formal por parte de la Subsecretaría para saber si estas comunas se verán beneficiadas, y entonces, como Gobierno Regional vamos a supervisar el proceso de retiro y ordenamiento de los elementos de redes en desuso. Es importante agregar que, una vez que sean retirados los cables en desuso, cada municipio debe actualizar sus ordenanzas con el fin de regular la instalación de las compañías que contribuyen a la contaminación visual”, anuncia la autoridad regional.
Como en comunas también existen algunas empresas más pequeñas y locales que entregan servicio de telecomunicaciones, pero que no cuentan con la capacidad suficiente para retirar su cables, Idicam sostuvo que están dispuestos a prestar colaboración, aunque no sean integrantes de la asociación.
“Nosotros también vamos a ayudar a esas empresas pequeñitas, aunque no sean miembros de nuestra asociación. Por ejemplo, si va una empresa grande a esas comunas pueda colaborar en limpiar y ordenar también esa infraestructura, aunque no le pertenezca”, añade Rodrigo Ramírez.
Sin traspaso de costo
El presidente de Idicam descarta que esta tarea de limpieza del escombro aéreo se traduzca en un aumento de las tarifas para el consumidor.
“A nadie le gusta vivir con cables desordenados. Y eso es así, y la industria lo entiende así. Nadie va a ver reflejado un aumento en el precio de su cuenta en el mes por un trabajo que estamos haciendo. Nunca. Porque esta es la industria más competitiva”, asegura.
Desde su mirada, existe un problema que podría enfrentar el cumplimiento de la ley: Ramírez explica que “los municipios tentados o quizás por época electoral, puedan ellos destinar a sus propios funcionarios a que identifiquen los cables. Entonces, nosotros creemos que es un riesgo innecesario, porque no están dentro de sus facultades”.
Rol fiscalizador
A nivel local, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones tendrá la labor de fiscalizar que el plan se cumpla al igual que los municipios y el gobierno regional.
“El hecho de que las empresas puedan tener un acuerdo con Subtel, nos permite de esa manera hacer una fiscalización del estado de avance de ese plan. Es la principal herramienta, además de que obliga ahora a las empresas a referenciar todo su cableado y entregarles esa información a Subtel. No se va a hacer el plan a nivel regional, sino que lo va a ver directamente el nivel central de las distintas empresas”, aclara el seremi del ramo, Javier Isla.
Si bien la autoridad reconoce que como todo servicio público, los fiscalizadores se tornan escasos en la región, esta labor no será descuidada por mandato. “Los fiscalizadores siempre serán pocos, porque no se puede dedicar solamente a una tarea”, admite.
El proceso de retiro gradual es importante no solo para erradicar la contaminación visual, sino también para garantizar el correcto funcionamiento del suministro eléctrico.
“Es por la contaminación y porque, además, se hace más difícil la mantención de los sistemas que sí están funcionando. Si tenemos cables que no están funcionando, van a estorbar en un proceso de mantención. Los postes están diseñados y evidentemente no se les sobrecarga con más. Además, los postes se sostienen por la tensión que generan los cables. Así que no es como que el peso vaya a molestar”, comenta.
El seremi de Transporte y Telecomunicaciones cree que no habrá inconvenientes en el reconocimiento del material inútil. “Creo que son todos identificables, la mayoría, además en los postes tienen como una cinta con un color y como un número o algo que lo identifica de qué empresa es”, indica.
Chillán toma la delantera
La Municipalidad de Chillán se ha adelantado a la publicación de la Ley “Chao cables”, desarrollando un trabajo previo para combatir esta contaminación visual, a través de una ordenanza establecida el 5 de agosto de 2024, que regula la fiscalización, notificación y retiro de cableado abandonado.
El proceso comenzó el 9 de octubre de 2024 con la notificación a las empresas de telecomunicaciones, mediante los oficios N°7916 de 28 de abril de 2025 y N°7601 de 24 de abril de 2025.
La ordenanza municipal establece en su Artículo 13 que la fiscalización corresponde a la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal, que debe detectar cables en desuso e informar a la Dirección de Obras para iniciar el procedimiento.
El Artículo 11 de la citada norma otorga a las empresas un plazo máximo de 120 días para retirar el material una vez notificadas, mientras que el Artículo 9 faculta al municipio para actuar de inmediato en casos de emergencia.
“Hasta la emisión del último informe se han retirado aproximadamente 1.000 kilogramos de cables y basura aérea. Los trabajos son realizados por un funcionario encargado con el apoyo de dos técnicos de la sección eléctrica de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en horario matutino y con recursos básicos como escaleras y una camioneta para traslado de personal y herramientas”, informaron.
Los kilos de cables extraídos en la capital regional representan una cifra exigua en relación al existente en la comuna. “Los 1.000 kg que se han retirado son pocos por la cantidad de basura aérea que se encuentra en la comuna”, calificaron.
Las labores se han concentrado en el perímetro central de Chillán, especialmente dentro de las cuatro avenidas principales, y en diversas poblaciones y villas.
Entre los sectores intervenidos destacan Villa Campos de Doña Beatriz, Villa Madrid, Población El Esfuerzo, Avenida San Bernardo, Cerro León, San Alberto Magno, El Roble, Torres del Paine, Esmeralda, Lomas de Oriente, Gerona, Los Huilliches, además de una limpieza aérea progresiva en la calle Carrera desde Avenida Ecuador hasta Purén y en la calle Claudio Arrau entre Avenida Collín y Vega de Saldías.
Según la municipalidad, aún quedan con intervención que son mayormente en la periferia de la comuna.
“En el mes de agosto se entregó información al Gobierno Regional por parte de la municipalidad por una solicitud de levantamiento de zonas de riesgo o críticas. A partir de 2026 se harán mesas de trabajo las que incluirán a las telcom, a las empresas eléctricas (Copelec y CGE) con los seremis de Telecomunicaciones y Energía, para así poder tener un plan comunal entre las distintas entidades”, indicaron.
En virtud de la ordenanza no se han realizado multas, ya que “estamos en una marcha blanca con las empresas, después de la mesa de trabajo oficial en conjunto de Subtel se realizará las multas que le otorga la ley, en conjunto de JPL”.
En general, comentaron que las empresas de telecomunicaciones grande, han tenido buena respuesta. Sin embargo, hay cables que pertenecen a compañías fuera de operación e irregulares.
“Nos dimos cuenta que existen muchas empresas que no existen y además de empresas sin registro en Subtel”, cerraron.
El riesgo de la basura aérea
Las empresas eléctricas otorgan el soporte a las pertenecientes al rubro de las telecomunicaciones, luego que estas últimas cancelan un derecho para instalar su infraestructura que les permite proveer servicios de internet, telefonía fija o televisión por cable a sus clientes.
En el caso de la Cooperativa Eléctrica Copelec, tiene 27 mil puntos de apoyo para las distintas empresas que han solicitado estos permisos formales y tienen más de 130 mil postes en la Región de Ñuble.
El gerente general de Copelec Eléctrica, Patricio Lagos, comenta que gran parte de los cables existentes en su infraestructura están en uso de acuerdo a lo reportado por las empresas de telecomunicaciones, que deberán, con la nueva ley, hacer un plan de identificación y retiro de aquellos que no presten utilidad.
“Como empresa eléctrica no conocemos cuáles son los cables de ellos que están en desuso, porque no tenemos la tecnología ni la capacitación para identificarlos”, añade.
Para Lagos una de las razones que llevaría a las empresas de telecomunicaciones a desatender el retiro de la basura aérea en el pasado, sería el costo. “Es caro sacar los cables por equipamiento, vehículos, brigadas y por el conocimiento que también se tiene que tener ahí. También cada empresa tiene que identificar sus cables, es un tema no menor”, expone.
El desecho aéreo representa un riesgo para la infraestructura eléctrica, ya que una sobrecarga podría interrumpir el servicio. De ahí la importancia de la nueva normativa.
“Los cables tienen una capacidad mecánica de mantener los equipos que se cuelgan al poste. Entonces, si se empieza a sobrecargar la estructura, que le llamamos el poste de hormigón, pudiera generar alguna situación de riesgo a futuro si es que estos cables telefónicos empiezan a aumentar y a traccionar el poste de forma inadecuada. Principalmente que el poste colapse y termine por fallar y caer, y eso significaría terminar con una falla eléctrica. Es poco probable que suceda eso, porque, en general, se regula de que no llegue a pasar eso, pero si uno ve la parte más urbana, efectivamente, los postes están sobrepasados de cantidad de conductores”, explica el subgerente de la Unidad de Energía Copelec, Patricio Valenzuela.
Uno de los problemas que podría enfrentar el proceso, advierten, es la operatividad de algunas empresas, de menor envergadura, que prestan servicio de televisión por cable principalmente en la zona y que ocupan las instalaciones de la cooperativa eléctrica sin autorización y sin identificación.
“Hay empresas que son formales, como Claro, que piden los permisos, avisan cuando van a ser tendidos de cable en nuestros postes. Pero hay otras empresas pequeñas, en ciudades como Coihueco, Bulnes y Quillón, que, en algunos casos, no digo todas, no están regularizadas. No piden los permisos, tiran los cables, no nos avisan, y los cables, obviamente, van quedando en los postes sin información de quién es el propietario”, explicó Valenzuela.
