Mediante un punto de prensa realizado en horas de la mañana de hoy dos concejales y una integrante de la sociedad civil anunciaron que ingresarían una solicitud de investigación a la Contraloría Regional, en contra del edil de Chillán, Joseph Careaga, por lo que a juicio de los denunciantes, podría tratarse de acciones incompatibles con el cargo.
La acción es promovida por los concejales Patricio Huepe, Marina Crisóstomo (ausente en el punto de prensa) y Yanina Contreras además de Camila Torres, miembro de la sociedad civil.
La solicitud apunta a que la Contraloría regional determine si hubo acciones ilícitas por parte de Careaga, tras haber participado en la votación para la compra de la Medialuna (con miras a realizar el futuro Parque Schleyer) por parte de la Municipalidad de Chillán, mediante la corredora de propiedades Cusaco, perteneciente a Rodrigo Cusacovich, hermano de Claudio Cusacovich, quien actualmente es socio de Careaga en la empresa Ñuble Corredores.
Pese a que Careaga participó de la primera votación, cuyo objetivo era autorizar al municipio a iniciar las tratativas, esta acción tomó lugar en noviembre de 2021, fecha en la que Careaga aún no formaba sociedad con Claudio Cusacovich.
Sin embargo, la concejal Contreras aclara que “la ley es clara y en ese sentido da un margen de dos años atrás o dos años después como tiempo en que un miembro del concejo se abstenga de votar en cualquier proyecto que favorezca a una empresa de la que se fue parte, o de la que se pretende ser parte después de votar”.
La edil añade que esta acción, propia de las responsabilidades fiscalizadoras del cuerpo colegiado se realiza en un momento en que la comuna y la región ha estado constantemente siendo noticia nacional por hechos de corrupción al interior de los municipios, aludiendo de manera directa al “caso Led” (Chillán 2020), al caso “Cuentas Corrientes” (San Ignacio y Ñiquén 2023); y también a la cantidad creciente de alcaldes destituidos por el TER (San Carlos, Pemuco, Ránquil y el exalcalde de Trehuaco, destituido este mes).
“Esta es una posible falta a la probidad por parte del concejal Joseph Careaga Palma. Lo que buscamos es que la Contraloría dictamine que el concejal Careaga, junto con aprobar los acuerdos de la promesa y compra de la Medialuna, también se hizo parte de la última votación”, añadió.
De esta manera, se deja claro que el propósito de esta presentación es, en caso que la Contraloría de por acreditada la supuesta falta a la probidad, poder contar con un medio de prueba de peso -es decir, el criterio de la Contraloría- antes de realizar una denuncia formal en contra del concejal al Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble.
Y en caso de que se estime que más que una falta administrativa, se estuviera frente a un delito, “lo que esperamos es que ese juicio lo emita Contraloría para que resuelva si cabe o no acusar al Ministerio Público”, añadió el concejal Patricio Huepe.
La compra de la Medialuna, hoy ya inscrita a nombre del municipio local en el Conservador de Bienes Raíces, tuvo un costo superior a los $3 mil millones.
Ni sociedad ni corretaje
Fue en el mes de abril cuando un grupo de concejales comenzó a barajar la presentación ante el Contraloría de este caso. Fue entonces que La Discusión conversó con Claudio Cusacovich (socio de Careaga en Ñuble Corredores) y el abogado aseguró que “nosotros hace más de un año que no formamos parte del holding (Cusaco) de mi hermano, por la sencilla razón que ya tiene demasiadas marcas asociadas y hoy tiene más metas en el extranjero que en lo local”.
Por otra parte, el concejal Careaga dijo que “si yo fuera parte interesada no habría rechazado en la última votación, como en efecto lo hice. Es más, presenté cinco acusaciones en la Contraloría porque, a mi entender, había asuntos que me parecían irregulares en la compra de ese terreno, una de ellas era precisamente la tasación del terreno”.
En segundo término, Careaga aseguró a La Discusión que la corredora Cusaco tampoco se habría hecho parte del proceso de compra-venta del predio.
“El contrato de compra de la Medialuna se hizo de manera directa entre la Municipalidad y la Sociedad Fiesta del Caballo Chileno, sin corretaje”, precisó.
Sobre este punto, en el municipio aclararon que, en efecto, la Corredora Cusaco no negoció con el consistorio, pero que sin embargo sí recibió un porcentaje de la venta por parte de la Sociedad Fiesta, cercano a los 100 millones de pesos por concepto de asesoría en el proceso de negociación.
