El diputado Jorge Sabag expresó su preocupación por la demora del Ministerio de Obras Públicas en el reingreso del estudio de impacto ambiental (EIA) del embalse Zapallar, que se proyecta en la zona alta del río Diguillín, obra pendiente del sistema Laja-Diguillín y que dará seguridad de riego a cerca de 10 mil hectáreas en San Ignacio y El Carmen.
Si bien el EIA fue presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en septiembre de 2019, debió ser retirado en noviembre debido a las numerosas observaciones técnicas de 15 servicios públicos consultados. Ello derivó en que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP resolviera contratar a otra consultora para que se hiciera cargo de retomar los estudios y pudiera reingresar la iniciativa a la brevedad.
El legislador advirtió que se requiere actuar con sentido de urgencia frente a la crisis hídrica que afecta a la zona central y centro sur del país por más de diez años, y recordó que este embalse es uno de las cuatro grandes obras de almacenamiento priorizadas en la región, al tiempo que destacó los beneficios que generará para los más de 1.500 pequeños agricultores de la zona y para la economía de la región.
“Acá existían fechas y plazos establecidos por la autoridad, las cuales no se han cumplido, por eso es necesario que clarifiquen la información y manifiesten si existe o no existe la voluntad de construir este embalse”, manifestó Sabag. “Ya ha pasado bastante tiempo y hasta ahora no existe nada, por eso oficiaré al ministro de Obras Públicas para que nos dé más claridad sobre este tema”, añadió.
Como se recordará, el anuncio de ingresar el EIA en diciembre de 2018 no se cumplió, pues se presentó en septiembre de 2019, por lo tanto, tampoco se cumplirá el plazo previsto inicialmente que apuntaba a iniciar la construcción en 2021.
De igual forma, el parlamentario hizo hincapié en la necesidad de avanzar paralelamente en el diálogo con las comunidades y las organizaciones sociales, a fin de evitar conflictos que puedan afectar el desarrollo normal del proyecto. “Este embalse se debe concretar escuchando la opinión de todos, atendiendo las legítimas aprensiones de los críticos”, argumentó.
Próximos días
Consultado al respecto, el seremi de Obras Púbicas, Cristóbal Jardua, sostuvo que “seguimos adelante con el contrato que está desarrollando los estudios necesarios para que la iniciativa sea ingresada nuevamente al Servicio de Evaluación Ambiental durante los próximos días”.
La autoridad recalcó que este proyecto “tiene la atención del Ministerio de Obras Públicas y estamos muy pendientes de que se concrete y se ejecute de la mejor manera para beneficiar directamente los vecinos de Diguillín, aunque su impacto es tan potente que finalmente el beneficio es para todos los ñublensinos, de tal manera de cumplir con los plazos establecidos por el Presidente Sebastián Piñera en el Plan Ñuble”.
De esta forma, se espera que poder licitar el proyecto en 2021, una vez obtenida su resolución de calificación ambiental.
Por su parte, el juez de aguas de la Junta de vigilancia del río Diguillín, Francisco Saldías, afirmó que el pronto ingreso del EIA a tramitación ambiental “es una buena noticia por parte del seremi, esperamos que el estudio considere la red de canales derivados del embalse que se tenía considerado para ingresar en una segunda etapa”. En esa misma línea, subrayó que “la aprobación del estudio es fundamental para iniciar su construcción”.
El proyecto
El embalse estará ubicado sobre la angostura del valle del río Diguillín denominada Zapallar, 12 kilómetros aguas abajo de la confluencia con el río Renegado, al poniente de Recinto.
El muro de presa, de 100 metros de altura, será construido con material de gravas compactadas obtenidas de yacimientos conformados por las terrazas fluviales presentes en el río Diguillín, dentro del área de inundación, y será impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno.
Según el EIA que fue retirado, la capacidad del embalse proyectado será de 80 millones de metros cúbicos, el cual inundará 325 hectáreas en las comunas de Pinto y El Carmen, y se tendrán que expropiar 489 hectáreas. Una parte del área a inundar se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera Nevados de Chillán.
Asimismo, el documento señala que representará una inversión de US$212,5 millones en su primera etapa (excluyendo red de canales), y se estima una demanda de mano de obra promedio de 400 personas durante su construcción, con un peak de 800 trabajadores.
