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Como una nueva oportunidad para analizar el contrato con la empresa que tiene la concesión de los estacionamientos de superficie y subterráneos de Chillán, ECM, y desentrañar eventuales falencias o irregularidades, es vista por autoridades locales los requerimientos que han surgido a nivel nacional respecto de esa firma de parquímetros, que opera en todo el país.
Lo que gatilló las nuevas suspicacias de concejales locales y legisladores fue la investigación ordenada por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, para establecer conflictos de interés que podrían existir en esa comuna a entre la firma y personal de Tránsito, que está a cargo de fiscalizar el vínculo entre las partes.
En la denuncia presentada por la alcaldesa, revelada por La Tercera, se concluye que las eventuales irregularidades cometidas por el director de Tránsito han beneficiado económicamente a la empresa concesionaria, en perjuicio de la calidad del servicio que se debe prestar a los usuarios de los estacionamientos tarificados.
De hecho, Matthei calcula que las irregularidades implicaron pasar de 278 operadores ofertados en 2011 a solo 182 registrados a la fecha.
A nivel local, el concejal Patricio Huepe (DC) fue enfático al expresar que “acá debe haber transparencia ante todo y por lo tanto es bueno que diputados hayan pedido que se investigue el contrato con la empresa en Chillán y otras ciudades”.
Agregó que la Municipalidad debe ante todo cautelar que las concesiones se desarrollen en el marco de la legalidad vigente y no existan dudas en la opinión pública.
La investigación a la que se refiere Huepe es una solicitada por el diputado Gustavo Sanhueza (UDI) ante la Fiscalía Oriente de Santiago, la misma que vería la denuncia ingresada por la alcaldesa de Providencia.
Sobre el particular Sanhueza planteó que requirió ante el fiscal que lleva la causa que el tema sea ampliado a Chillán y otra ciudad que maneja la empresa, que tiene el control de más de veinte urbes en Chile.
Sanhueza agregó que “a propósito de la investigación que está llevando la Fiscalía Oriente por el posible cohecho en Providencia en la última concesión de parquímetros, he solicitado al ente persecutor revisar en detalle el modus operandi utilizado por esta misma empresa, del holding ECM, en Chillán, durante el proceso que llevó a cabo la administración del exalcalde (Aldo) Bernucci”.
Sanhueza subrayó que esta misma indagatoria ha sido solicitada en conjunto con el diputado Juan Manuel Fuenzalida, para que sea revisada la concesión de parquímetros de La Serena.
Para el congresista, “hay razones fundadas para establecer falta de transparencia en estas operaciones y que el modus operandi de la empresa de parquímetros de Chillán, cuyo dueño es Cristián Coronel, es el mismo que se utilizó en Providencia y en otras regiones, donde es absolutamente plausible para investigar la idea de que se han burlado los límites legales para obtener mayores ganancias”.
Precisó: “estamos pidiendo con el diputado Fuenzalida que se investigue a fondo los procesos de adjudicación de parquímetros tanto en Chillán como en La Serena, información que puede ser útil en la causa que la Fiscalía lleva por el caso de Providencia y que nos permita aclarar definitivamente qué pasó en Chillán en aquellos años y cómo se fue tejiendo este proceso concesionario”.
“Se debe investigar”
Desde el Concejo Municipal el edil Camilo Benavente (PPD) agregó que “en nuestra ciudad se debe investigar. Me consta que están cometiendo diversas irregularidades y la Municipalidad no ha sido acuciosa con este mal contrato”.
El edil remarcó que cree que la empresa “no paga cuando corresponde, ellos deben pagar los primeros 5 días del mes vencido y no lo hacen. Tampoco cumplen con los baños para los trabajadores”.
Benavente subrayó que el sistema de cobro de parquímetros, tal como está definido, “nos convierte en una de la ciudades del país con los parquímetros más caros”.
El concejal Víctor Sepúlveda (PC), en tanto, explicó que el contrato ha significado pérdidas para la Municipalidad y que los aproximadamente $300 millones que se cancelan anualmente corresponden a una fracción mínima “de un negocio desconocido y enorme que favorece solo a la empresa”.
Agregó que “es un contrato mal hecho, donde la empresa es inexpugnable, donde no hay causales de multas y sanciones. Esta empresa no tiene multas, mientras que para cualquier obra menor como la construcción de una sede hay sanciones cuando no se cumplen las normas. Acá sabemos que hay problemas y no hay una fiscalización como corresponde”.
Sepúlveda sostuvo además que hace unos años se conoció que un mal cálculo municipal favoreció a ECM y “hasta donde sabemos no hubo sancionados dentro del municipio, a pesar de que las pérdidas fueron aparentemente cuantiosas”. Según antecedentes municipales, cuando se detectó la falla interna la empresa tuvo que pagar la diferencia.
Sepúlveda dijo, a modo de ejemplo, que “Recoleta dio un ejemplo a nivel nacional al haber terminado un contrato con una empresa de parquímetros, que al igual que Chillán, era nocivo para los habitantes”.
Benavente agregó que “es la oportunidad para que los abogados del municipio analicen el contrato y las irregularidades, y si es necesario, se le dé un corte definitivo”.
