Pese a efectividad tribunales ha ordenado uso de tobilleras en apenas el 1,2% de casos de VIF en Ñuble

El relato del fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado, citaba que “a las 8 horas con 20 minutos de este sábado, el imputado llegó al domicilio de la excónyuge, ingresó sin la voluntad de ella e intentó asfixiar, y cuando los hijos la intentaron defender, agredió al hijo de 10 años, quien resultó con diversas lesiones”.

Este tipo de tragedias, difíciles de borrar en la vida de una mujer o un niño, se ha contado con mayor o menor gravedad durante 16 oportunidades en Ñuble este 2025, ya que es esa la cantidad de veces que en los tribunales penales de la región se ha formalizado a personas por el delito de femicidio frustrado.

Una región que también alcanzó su máximo histórico de femicidios consumados este año, con cuatro mujeres que han muerto de forma violenta en mano de sus parejas.

Considerando que el delito de violencia intrafamiliar (antecedente primario del femicidio) ha sido un fenómeno que por décadas ha golpeado a la región, en 2014, el Gobierno instaló la primera tobillera telemática a un imputado, para generar una “medida sustitutiva” a otras cautelares privativas de libertad.

Pese a que la tecnología permite un seguimiento de casi un 100% de efectividad en cuanto a la georreferenciación del usuario, cuenta con un micrófono y parlante que habilita un diálogo entre quien la porta y la empresa que monitorea, y que incluso, el protocolo de alerta contempla que a la víctima se le avise si el cautelado se acerca al radio de prohibición, en Ñuble solo un 1,2% de los formalizados por VIF la portan.

Así, al menos, lo demuestran las estadísticas que manejan en la empresa Track Group, que desde 2021 se adjudicó el servicio para todo el país.

Su vocero, Paul Thornton, detalla que “en Ñuble, este ultimo semestre, ha habido 2.710 casos de violencia intrafamiliar judicializados y solo en 33 casos los tribunales han decretado el uso de la tobillera para el agresor”.

Quienes deben solicitar esta medida son los representantes del Ministerio Público, durante las mismas audiencias de formalización; mientras que desde la Defensoría Penal Regional aclaran que no existe una política interna de oponerse a esta forma de medida sustitutiva, sino que se revisa caso a caso.

Este tipo de tobillera, que no está disponible para el mercado local, solo se utiliza por orden judicial, y el Gobierno pagó cerca de $54 mil millones por la última licitación, considerando que, proporcionalmente, cada tobillera le cuesta al Estado $120 mil pesos, mientras que una persona internada en la cárcel le significa al Estado entre $800 mil pesos y un millón y medio de pesos.

Otro argumento utilizado para su aplicación fue el que una persona monitoreada de manera telemática puede cumplir con sus cautelares en su casa, evitando de esa manera el colapso carcelario causado por el hacinamiento como resultado de una sobrepoblación.

“Cada minuto cuenta. Con una tobillera, Carabineros puede reaccionar antes de que se concrete la agresión. En España, su implementación redujo en un 25 por ciento las reincidencias y en un 20 por ciento, los femicidios. Nosotros tenemos el mismo sistema, pero todavía no se solicita con la urgencia que requiere”, insiste Thornton.

“Es catastrófico para la víctima”

Para el abogado penalista Marcelo Hadwa, doctor en Derecho de la Universidad Castilla – La Manch y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, este método es útil, “sobre todo en contextos donde no hay suficiente personal policial. Sería ideal tener un carabinero por cada agresor, pero sabemos que eso es imposible”.

Respecto de la baja aplicación, plantea que en los casos donde existen denuncias previas o antecedentes por violencia “el uso de la tobillera debiera ser obligatorio, ya que el riesgo de no aplicarla puede ser catastrófico para la víctima”.

Mientras que desde el mundo político local, la doctora y diputada, Marta Bravo, también reaccionó con extrañeza ante esta baja utilización de la medida sustitutiva.

“Lo que vemos en el alza de los delitos criminales de violencia intrafamiliar es una nueva deuda de Estado en materia de prevención.
Hay evidencia en Chile que el 98% de los casos de uso de la tobillera electrónica ha impedido la reincidencia, pero al parecer esta tecnología es muy poco utilizada por los tribunales penales. Esto refleja una grave desprotección de las víctimas”.

Consultadas las seremías regionales de Justicia y de la Mujer sobre este tema, optaron por no emitir opiniones.