El que se haya hecho público que los ministerios de Bienes Nacionales y Justicia estuvieran revisando y visitando el predio estatal de Quilmo, en el que hoy el Ejército instaló su campo de prácticas, como posible destino de para una cárcel regional, generó una polémica aún no zanjada (al menos no desde lo público) con el Regimiento de Chillán.
En la institución uniformada creen que ambas entidades no pueden coexistir en el mismo predio, por lo que incluso insinuaron que de concretar la construcción del penal, el Regimiento podría incluso concluir su existencia en la región.
Sin embargo, no sería la última polémica en torno a la cárcel este 2025.
Conocida la decisión presidencial de cambiar a Gendarmería como institución desde la cartera de Justicia a la de Seguridad, dejó aún más dudas respecto a si las gestiones realizadas con antelación para sacar la cárcel de Chillán del centro de la capital regional, seguirán adelante o volverán a foja cero.
Pese a esto, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien había declarado que tras algunas gestiones con Justicia, se confirmó el inicio de un estudio de factibilidad para el retiro del centro penitenciario desde calle Isabel Riquelme, ratificó que el cambio al Ministerio de Seguridad, no debería retrasar las gestiones.
“El eventual traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad no debiera interferir en el estudio para el traslado de la cárcel de Chillán, considerando que existe un trabajo técnico y profesional en la elaboración de ese informe”, sostuvo.
Por lo tanto, pensar en partir de cero, a su juicio, “carece de todo sentido e implica dilatar una solución frente a una problemática urgente que la comunidad viene demandando hace años.
Las decisiones administrativas que se adopten respecto a la gestión en seguridad pública, deben considerar una continuidad en los proyectos, especialmente cuando existen avances concretos que no pueden quedar en pausa por reordenamientos administrativos”.
De todas formas, y en el más optimista de los escenarios, sólo el que se tome una decisión sin margen de fracaso, frente al traslado, no debiera bajar de los dos años como plazo.
Luego, las labores de diseño, acondicionamiento del predio, obras de mitigación y la construcción propiamente tal de una cárcel regional para la región, implica un trabajo que no bajaría de los diez años como plazo.
