El gobierno de Perú ha tomado medidas drásticas para combatir el comercio ilegal de teléfonos celulares y equipos informáticos en el país. El pasado lunes, aprobó un decreto legislativo que contempla condenas de hasta 30 años de cárcel para los robos de estos dispositivos, especialmente si involucran el uso de explosivos o vehículos motorizados. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó sobre esta decisión y destacó que forma parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la prevención y lucha contra este tipo de delitos.
El primer ministro, Alberto Otárola, explicó que la iniciativa se ha llevado a cabo en el marco de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana que el Congreso ha otorgado al Ejecutivo. Esta medida implica una modificación en el Código Penal, específicamente en la figura de robo agravado, incorporando el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares como agravante.
De acuerdo con la nueva normativa, el delito será sancionado con penas de 12 a 20 años de prisión, pudiendo llegar hasta 30 años en caso de utilizarse explosivos o vehículos motorizados en la comisión del acto delictivo. Asimismo, se establece como delito la receptación, definiéndola como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o sus partes. Comercializar o importar equipos que permitan adulterar los códigos de seguridad y tarjetas de los celulares también será penalizado.
Además, se han incluido como tipos penales la posesión ilegítima de tarjetas SIM de celulares activados y la comercialización de equipos con el código de seguridad IMEI alterado, reemplazado o duplicado. Según la PCM, estas medidas buscan abordar el elevado índice de robos de dispositivos electrónicos en el país, citando cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que indican que en promedio se roban 4,754 celulares por día en Perú. Durante los meses de febrero a julio de este año, el 12.2% de la población fue víctima de robo de dinero, carteras o celulares, con consecuencias en algunos casos fatales.
