Desde la recuperación de la democracia, en 1990, se han realizado una serie de reformas para democratizar la elección de autoridades locales e impulsar programas de fortalecimiento institucional que han hecho que hoy los municipios cuenten con amplias atribuciones administrativas y legitimidad política de sus autoridades.
Sin embargo, hay una dimensión de los gobiernos comunales que prácticamente no ha cambiado en los últimos 30 años y es la referida a las atribuciones fiscales para cumplir con su amplia agenda local. Por ejemplo, los municipios participan en promedio con no más de un 10% de la inversión pública efectiva en comunas. El 90% restante se realiza con recursos regionales y ministeriales, siendo el Ministerio de Transportes y el de Vivienda los que más aportan en términos porcentuales, llegando entre ambos en algunas regiones y comunas a representar casi al 60% de la inversión pública efectiva.
¿Qué consecuencias genera este diseño?
Para un municipio, especialmente para un alcalde y sus equipos técnicos, la principal tarea entonces para conseguir recursos es persuadir a las autoridades del Gobierno Regional y mantener adecuadas relaciones con las autoridades del nivel central para obtener financiamiento a sus proyectos.
Precisamente, un reciente estudio del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que consideró la opinión de profesionales y representantes políticos, se consultó sobre la relación entre el hecho que la ciudadanía exprese sus prioridades en el Pladeco u otros instrumentos de planificación, con la obtención de recursos a nivel regional o ministerial. Casi un 70% de los encuestados, consideraba que la participación de la comunidad era poco o nada importante, porque en el nivel regional dicha variable no es considerada formalmente como aspecto discriminatorio en términos positivos. Por el contrario, casi un 80% de los encuestados consideraba indispensables o muy importantes las redes de contacto o el lobby político que hacen estos actores para conseguir financiamiento fiscal a sus iniciativas.
Es evidente que este modelo ha terminado por consolidar un estilo de gestión altamente elitista, promotor de círculos de poder y de gestión, concentrados en relaciones altamente clientelares a escala local y regional, dado que mientras más contactos tenga un alcalde, ante los ojos de los ciudadanos, parece ser un mejor gestor.
Este modelo, además, es altamente hipócrita, porque mientras abundan los discursos de promover una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en la práctica no se los vincula con ninguna decisión de relevancia, lo que ha terminado por consolidar un estilo de gestión elitista, promotor de círculos de poder concentrados en relaciones altamente clientelares a escala local y regional, donde mientras más contactos tenga un alcalde -independiente de su capacidad de gestión- más recursos recibirá esa comuna.
Bajo esta lógica, no es de extrañar el incremento de la desafección ciudadana por la cosa pública, restándole autonomía y actividad a la sociedad civil en la construcción de una gestión pública proactiva y democrática en el nivel municipal.
