Señor Director:
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 439 trámites que afectan la inversión en Chile. De ellos, 63 son críticos: bastan para frenar por completo un proyecto.
El costo de esta permisología —nuestra traba nacional hecha norma— no es menor: equivale al 7,3% del PIB, unos US$ 22 mil millones perdidos para el país. Son empleos, crecimiento y bienestar que quedan atrapados en formularios, duplicidades y papeleo inútil.
Chile necesita volver a crecer, pero no podrá hacerlo mientras siga atado por cadenas que él mismo fabrica. Automatizar procesos, aplicar inteligencia digital y coordinar instituciones no puede ser un tema ideológico. Es una urgencia ética.
Porque cuando el sistema impide avanzar incluso a los proyectos bien evaluados, no estamos protegiendo el medio ambiente ni regulando el desarrollo. Estamos saboteándolo.
Herman Durán Urra
