Este fin de año, el problema del comercio ambulante nuevamente ocupa la atención del gobierno de la ciudad. Mientras algunos concejales manifiestan su preocupación por el aumento de los vendedores ilegales en el centro , en el municipio la permisividad de la autoridad solo confirma que no habrá solución en el corto plazo.
Al respecto, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, reconoció que “en el peor escenario” podrían confluir en el centro 240 vendedores autorizados por el municipio y del orden de 300 a 500 que no tienen permiso. Detalló que de los 240 permisos, hay 120 permanentes y otros 120 que se entregan en fechas especiales, como Navidad o el Día de la Madre. En otras palabras, durante este mes habrá 500 a 700 vendedores informales en la vía pública, donde los toldos azules, lamentablemente, han pasado a ser parte del paisaje.
Desde la década del 90, nunca ha existido una real voluntad de la autoridad por regularizar la situación de los vendedores callejeros en Chillán, pues la política ha sido otorgar más permisos a medida que la demanda crece o se acerca alguna elección.
Ha costado hacer entender a las autoridades que una medida con un loable objetivo social, que es facilitar el trabajo informal a personas de segmentos de alta vulnerabilidad, ha generado más impactos negativos que positivos, como el cierre de Pymes que no pudieron competir con las ofertas de la calle o el aumento de la delincuencia. No está de más recordar que un ambulante no paga impuestos, patentes ni permisos; no cumple leyes laborales ni sanitarias; obstruye el desplazamiento por la vía pública, concurriendo como factor de aglomeraciones y delincuencia; y constituye una feroz competencia desleal para el comercio formal.
Previo a la pandemia, el problema ya estaba fuera de control, mientras los carabineros poco podían hacer cuando los ambulantes exhibían sus permisos. Con el tiempo, se sumaron los migrantes extranjeros y la cifra de informales siguió en aumento, pasando a integrar redes de distribuidores mayoristas, como el último eslabón de una cadena de dudosa legalidad. Luego, la destrucción de miles de empleos en Chillán en los últimos años ha presionado un aumento de los comerciantes ilegales.
Naturalmente, ningún alcalde quiere ver a sus vecinos perseguidos por Carabineros, menos si ocurre a la vista de los transeúntes, quienes, a través de las compras, también contribuyen al desorden.
Si bien, la ocupación de espacios públicos no ha llegado a los niveles de otras ciudades ni se ha alcanzado el grado de violencia observado en Santiago, la frase “ya no se puede caminar por el centro”, se escucha de manera recurrente.
El comercio ambulante es un problema serio, con sus implicancias sociales e impactos negativos, razón por la cual requiere medidas inteligentes y eficaces, probablemente impopulares, porque la verdad es que no se trata de una situación coyuntural de fin de año, ni de un fenómeno tolerable en un contexto de crisis económica. Es una “excepción” que se arrastra por décadas en Chillán y que cada día se justifica menos.
Es fundamental dar una señal clara de que como ciudad deseamos ser una economía formal, lo que es esencial cuando tenemos una tasa de informalidad laboral de 32%, con todos los graves efectos y vulnerabilidad que esto conlleva.
