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Al 30 de septiembre de 2019, según estadísticas de la Superintedencia de Pensiones, las AFP pagaron un total de 9.342 pensiones de vejez edad en la Región de Ñuble, las que promediaron un monto de 4,25 UF ($119.340), una cifra que no solo se ubica muy por debajo del promedio nacional de 5,77 UF ($162.021), sino que está muy lejos de un ingreso mínimo que permita satisfacer las necesidades básicas definidas por la línea de la pobreza.
Lo anterior está estrechamente relacionado con las características del mercado laboral de la región, que exhibe los salarios más bajos del país.
En opinión del académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío (FACE UBB), Héctor Garrido Henríquez, “al utilizar los datos de la encuesta Casen 2017, se puede apreciar que no existen diferencias significativas en cuanto a lo que reciben por concepto de pensión de vejez, en sus diferentes modalidades, las personas pensionadas en Ñuble con respecto al país. Alrededor del 50% de los pensionados reciben un monto igual o inferior a los $180.000. Aunque para concluir defini-tivamente respecto de este tema, se requiere un análisis en mayor profundidad, que permita utilizar otras fuentes de información, como los datos administrativos”.
A nivel nacional y también en la región, organizaciones como el movimiento NO+AFP han alzado la voz para exigir el término del sistema de administradoras de fondos de pensiones privadas apuntando también al modelo de cuentas de capitalización individual, promoviendo un modelo so-lidario en su reemplazo.
En el contexto del estallido social que ya se extiende por tres semanas en el país, el tema ha ocupado un lugar protagónico en el debate, particularmente en lo que respecta al monto de una pensión mínima que debiera garantizar el Estado y en cuan-to a las reformas que requiere el sistema previsional.Pensión mínimaEn cuanto a la pensión mínima, Garrido manifestó que “existe un relativo consenso en la sociedad chilena, respecto de que las pensiones que hoy entrega el sistema no son suficientes y que por tanto, el Estado debe hacerse cargo de complementar el ingreso de las y los jubilados de manera importante. Esto requerirá, dada la estructura del sistema hoy, que sea con cargo a los impuestos generales.
Consultado por el monto que debiese tener la pensión mínima, el académico sostuvo que “una cifra que parece razonable es al menos la actual línea de la pobreza para una persona, sin embargo, los plazos en que se implemente esta medida deben ser estudiados cuidadosamente para mantener el equilibrio macroeconómico del país. El año pasado el Banco Central realizó un estudio que mostraba que precisamente la propuesta B de la Comisión Bravo -convocada durante la administración Bachelet- no generaba grandes desequilibrios en materia de ahorro e inversión”.
En esa misma línea, el académico de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Concepción, Mauricio Oyarzo Aguilar, apuntó a “un monto que permita sacar de la pobreza a las personas de más bajos ingresos, es decir, el Estado debiera complementar las pensiones más bajas para alcanzar el ideal de sueldo mí-nimo con un tope de $430.000 considerando las métricas que maneja el Ministerio de Desarrollo Social en relación a la línea de pobreza”.
En cuanto a los mecanismos de financiamiento de un reajuste de esta envergadura, Oyarzo planteó que “debieran considerar instrumentos tri-butarios encaminados a cobrar sobretasas al patrimonio de la población de más altos ingresos. En ese sentido, el acuerdo tributario anunciado por el actual ministro de Hacienda va en la dirección correcta. Sumado a ello las medidas antielusión”.
Una mirada similar expresó César Salazar Espinoza, aca-démico de la FACE UBBE: “En una reforma al sistema de pensiones es fundamental que exista garantía de una pensión mínima. La discusión del monto debe estar en sintonía con una revisión de las políticas de definición del salario mínimo legal. De esta manera, a mi juicio, es funda-mental que quien administre los fondos, Estado o privados, sean obligados por ley a ga-rantizar un nivel de ingresos de jubilación acorde al salario mínimo. Para financiar estas propuestas, es indispensable una reforma tributaria pro-gresiva y solidaria”.
Reformas estructurales
En cuanto a las reformas que requiere el sistema, Salazar fue tajante en el diagnóstico: “Un sistema de capitalización individual como el existente en Chile ha fracasado para garantizar ingresos por jubilación suficientes. Como un sistema de ahorro individual, ni siquiera ha logrado que las personas, aportando regularmente durante toda su vida, y con un salario razonable, hayan obtenido pensiones que se acerquen a su ingreso medio laboral. Hay que reformularlo, no hay dudas. En sintonía con las demandas sociales, es indispensable discutir de qué manera se agrega más solidaridad al sistema desde el punto de vista intergene-racional, de género, y entre los trabajadores de altos y bajos ingresos”.
En tanto, su colega Héctor Garrido, explicó que “si bien la idea original del sistema de capitalización individual que existe hoy parece en principio una buena idea, la realidad del mercado laboral ha dejado en evidencia que el alto nivel de lagunas previsio-nales y los bajos salarios de miles de chilenas y chilenos, no permiten tener pensiones acordes a las expectativas de la población”. Frente a ello, Garrido sostuvo que “para solucionar esto no solo alcanza con un cambio de parámetros como el porcentaje de cotización o la edad de jubilación, sino que es necesario repensar los objetivos del sistema. En lo personal, la propuesta que me parece más razonable es la alternativa B de la llamada comisión Bravo, la que transforma el sistema hacia un esquema mixto, en el que hasta cierto monto de la remuneración las y los trabajadores aportan a un fondo común y a partir de dicho umbral, se establece la capitalización individual. Un sistema de esta natura-leza permitiría aumentar las pensiones y además, mantener los incentivos al ahorro del sistema”.
Igualmente lapidario en cuanto al diagnóstico fue Mauricio Oyarzo, quien sen-tenció que Chile no debe continuar con el sistema de pensiones basado en cuentas de capitalización individual. “El actual sistema de pensiones ha demostrado ser insuficiente para lidiar con la inequidad de ingresos y el creciente incremento del costo de vida haciendo que una parte signi-ficativa de la población roce o se encuentre por debajo de la línea de pobreza o bien deban seguir trabajando pasados los 65 años, edad donde los adultos mayores no debieran estar activos en el mercado laboral”.
A partir de eso, Oyarzo propuso “pasar a un sistema mixto de pensiones, que inclu-ya tanto el apoyo estatal más los ahorros individuales para así solventar la jubilación. Esta medida pareciera ser una de las salidas óptimas siguiendo un criterio de equidad más que meramente técnico y en donde se logre compatibilizar el régimen público con el de aportaciones individuales”.
Y César Salazar fue más allá: “El problema de fondo es mucho más complejo. No solamente requiere modifica-ciones profundas al sistema de pensiones actual, sino además, la necesidad de una nueva agenda de seguridad social mucho más integral, que reduzca la carga de los jubilados al acceso a la salud y medicamentos, la mayor necesidad de nuestros pen-sionados”, cerró el académico UBB.
