Marzo será un mes clave para el proyecto de reforma al sistema de AFP, iniciativa que ha permanecido congelada en el Senado desde que ingresó, a fines de 2019, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, desde la oposición ven difícil llegar a algún acuerdo con el Gobierno, y es que desde 2019 hasta el presente, el escenario político en Chile ha cambiado bastante, con un estallido social, una pandemia y dos históricos retiros de fondos de pensiones a cuestas.
Hoy existe un mayor convencimiento de la urgencia de implementar cambios para mejorar las pensiones actuales y futuras, y también han ganado terreno las posturas más “colectivistas”, entre ellas, la más extrema, que plantea la eliminación de las AFP, y otra que se inclina por destinar la cotización adicional de 6% completamente a un fondo colectivo o de reparto.
Precisamente este último punto se ha transformado en la piedra de tope en las negociaciones entre Gobierno y oposición para que el proyecto tenga una rápida tramitación en el Senado. El proyecto aprobado en la Cámara destina el 6% de cotización adicional en dos partes iguales tanto a la cuenta de capitalización individual como a un fondo solidario, pero los senadores de oposición afirman que hoy eso es insuficiente, y apuestan por destinar el 6% íntegro al fondo común.
En medio de esta discusión, dos nuevos proyectos de reforma constitucional, ahora por un tercer retiro, han calentado la discusión. Si se aprobara y los afiliados concretaran los retiros, un 40% se quedaría sin fondos.
Así las cosas, mientras en el oficialismo hay optimismo respecto de lograr un acuerdo, pues La Moneda estaría dispuesta a destinar 4% al fondo común y 2% a la cuenta individual, varios senadores de oposición no creen que se logre tan rápido, y dan por descontado que las reformas estructurales al sistema tendrán que ser abordadas más adelante, en una nueva administración.
Por ello no debiera sorprender si el Gobierno decide apurar la tramitación del proyecto, para que se vote tal como está, con la flexibilidad suficiente para introducir las modificaciones necesarias en el marco de la discusión legislativa.
Y si bien el objetivo es sacar adelante el proyecto con prontitud, pues permitirá dar una solución rápida a los actuales pensionados, ello no es un argumento suficiente para aprobar finalmente un mal proyecto, que, por un lado, es discriminatorio, pues introduce un impuesto al empleo (a los empleadores) con el objetivo de financiar pensiones, en vez de hacerlo a través de impuestos generales donde todos aporten a ese objetivo; y por otro lado, es regresivo, porque no se aplica proporcionalmente a los salarios más altos, ya que está limitado por el tope imponible (81,6 UF), a diferencia del impuesto a la renta. En otras palabras, aprobar este proyecto significará pedirle a la clase media que se haga cargo de un problema que debe solucionar el Estado.
