Nuestro país, pese a contribuir de manera mínima con sus emisiones al cambio climático, es altamente sensible a este fenómeno y se encuentra expuesto, en toda su extensión, a eventos climáticos extremos que resultan cada vez más frecuentes.
En una región agrícola como la nuestra, el calentamiento global y la modificación de las dinámicas de lluvias, vientos y temperaturas son fenómenos que pueden generar grandes pérdidas económicas y ecológicas y dejar muchos “damnificados”.
Además, la exposición a riesgos vinculados con el clima, junto a las condiciones de vulnerabilidad social, pueden agravar los daños. Lo vimos con los devastadores incendios forestales de 2017 en el secano de Ñuble. No hay duda, entonces, que los efectos directos e indirectos de este fenómeno climático ya alcanzaron a nuestro territorio, especialmente bendecido en sus características geográficas y ambientales, con una diversidad pocas veces vista en nuestro país. Sin embargo, muchos consideran que el cambio climático es un problema que está siendo manejado de una u otra manera en las altas esferas, por los gobiernos y organismos internacionales, y por lo tanto hablar de su impacto local, es injustificado. Tampoco faltan quienes agregan que esta problemática ambiental es una necesidad imperiosa para salir del subdesarrollo. Son, a fin de cuentas, los “dolores del crecimiento” que la economía nos llama a aceptar.
Pero más allá de explicaciones, justificaciones o disculpas, lo cierto es que al observar la situación de la nueva región, se constata un permanente aumento de la brecha que separa la protección, remediación y restauración ambiental, de los impactos y la pérdida de biodiversidad que han supuesto la mayoría de las estrategias de apropiación de recursos naturales de nuestra economía.
En las tres provincias (Itata, Diguillín y Punilla) se advierte que el desarrollo de actividades económicas constituye una potencial amenaza, en la medida que no exista una visión que combine la conservación de esos ecosistemas con los emprendimientos que allí se proyectan o que incluso ya son realidad. Debemos tener presente que la Región de Ñuble nace inmersa en condiciones donde se mezclan la necesidad de diversificar y agregar valor a nuestra matriz productiva, capacidades estatales rezagadas respecto del deterioro ambiental y una creciente resistencia social a los impactos de las actividades económicas sobre la naturaleza.
Se trata de un escenario inédito y complejo, pero también de una oportunidad única para instalar un nuevo paradigma en el uso de nuestro territorio, que armonice los valores de la conservación y las necesidades del desarrollo de un modo inteligente y verde.