Cerca de 20 personas de comunas como Chillán, Chillán Viejo, Pinto o San Ignacio, concurrieron hasta las dependencias de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán, para estampar una denuncia por presunto fraude y estafa en contra de Omar Becerra, quien el pasado jueves fue denunciado por un medio de comunicación, esta vez 24 Horas de TVN, por ejercer como profesional de la salud sin contar con el título profesional exigido por Ley.
Becerra, quien en efecto cuenta con estudios formales de Medicina en la Universidad de Concepción, de donde no se tituló, ha sido formalizado por el Ministerio Público por el delito de ejercicio ilegal de la profesión y fue deportado de Inglaterra por atender a 188 niños vulnerables de ese país, pese a no contar con esa profesión.
Una de las últimas veces que las irregularidades vinculadas a Becerra hicieron noticia en Chillán, fue en mayo de 2019, cuando la seremi de Salud, Marta Bravo, clausuró su local, ubicado en Chillán Viejo, por no contar con el permiso sanitario.
Ese día, la seremi denunció que al momento en que realizaban las fiscalización descubrieron que habían dejado a los pacientes en una habitación posterior para que no fueran advertidos por la autoridad.
El reportaje emitido el jueves hizo que muchos de los pacientes dentales de la clínica Inmunosalud (de la cual es socio) ubicada en Chillán, descubrieran que por años, habían estado recibiendo un tratamiento por parte de personal a cargo de una persona con estos antecedentes.
“Se recogieron las denuncias de algunas de estas personas y se dio cuenta al Ministerio Público. El fiscal dio una orden para comenzar a realizar las primeras diligencias”, dijo el subprefecto Roberto Castro, jefe de la Bridec.
Sin embargo, no hay una orden de detención en su contra hasta el momento.
“Pagué y no funcionó”
Becerra fue reconocido por sus pacientes en el programa “Maestros del Engaño” de 24 horas y “por eso algunos vecinos, que no sabían cómo actuar, se contactaron conmigo para que los ayudara. Decidimos que lo primero era hacer las denuncias en la PDI, pero muchas otras personas se quedaron reclamando en Inmunosalud”, explicó el concejal de San Ignacio, César Figueroa.
Una de esas vecinas es Marta Jara, madre de la paciente Stefany Mellado, quien ingresó 
en 2018 para hacerse un tratamiento que incluía frenillos, para corregir un problema maxilofacial.
“A ella no le cerraba la mandíbula porque no estaban alineados los dientes, y como se vino a estudiar a Chillán, se hizo el tratamiento allí, aunque igual nos parecía raro que se hayan cambiado de lugar y de nombre ya cuatro veces”, dice.
Pese a que ella no trabaja y su marido es carpintero, pagó $35 mil mensuales, “pero no funcionó. Así que se fue a revisar justo ayer (el jueves) y le dijeron que había que hacer todo de nuevo, y pagar otra vez”.
Otra de las pacientes, Camila Jara, se ha atendido por cuatro años, “pero había días en que no me hacían nada, apenas un cambio de ligaduras. Ahora, después del reportaje, no sé si lo que me hicieron estuvo bien hecho o no. Además, al dentista me lo cambiaron varias veces, entonces tengo muchas dudas”.
