Cuando los 11 integrantes de una banda criminal dedicada al robo de cables y conductores de cobre fueron ingresando a la Primera Sala del Juzgado de Garantía de Chillán, se presentaron a sí mismos diciendo que eran “gásfiter, carpinteros o trabajadores independientes. Pero es evidente que quien maneja este tipo de organizaciones y quienes operan este tipo de material, tienen un grado de preparación más alto”, apunta el fiscal Rolando Canahuate.
Es por eso que el prefecto de la PDI de Ñuble, subprefecto Nelson Contreras, no dudó en calificar a la banda como “la más grande que se haya detenido en la región por este tipo de delitos”.
Los imputados formalizados son Cristian Escobar Rebolledo, Marcos Antonio Olave Trujillo, Cristian Escobar Vallejos, Manuel Donoso Saavedra, Juan Carlos Parra Caro, Manuel Parra Ortiz, Claudio Parra Caro, Esteban Olave Trujillo y Pedro Sayes Garrido.
Todos ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que los imputados Abismael Escobedo Ramírez y Luis Torres Sánchez (receptador), quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.
Sobre Torres Sánchez, se explicó que tenía una chatarrería particular en Rancagua y su misión era la de comprar “en negro” para devolver parte de este material al mercado formal, situación que se repite en diversos otros robos catalogados como prioritarios por la gran cantidad de denuncias que generan y dinero que movilizan.
Otros dos integrantes de esta banda se encuentran prófugos aunque están identificados.
Todos ellos tienen como base la ciudad de Rancagua y operaban desde la región Metropolitana hasta la del Biobío.
Rolando Canahuate Ronda añadió: “formalizamos investigación por asociación delictual, en el entendido que responden a una estructura criminal, en la que los imputados ejecutaban distintas funciones en la organización, como corte de cables, carga, traslado, vigilancias y comercialización”.
La investigación que realizó la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Chillán, logró aclarar 21 hechos delictivos y, puntualmente, en la comuna de El Carmen se acusó el robo de varios transformadores eléctricos, fabricados con cobre refinado de un valor más alto que el de los cables.“Este tipo de delito no solo afecta al patrimonio de las empresas privadas, como en el caso de Transelec con pérdidas de más de $300 millones, sino que también a la comunidad, debido a la interrupción de servicios de electricidad, internet o telefonía que, en este caso, abarca vastas zonas de cuatro regiones del país”, añadió el persecutor.
Lente lector de patentes
Fue a fines de diciembre de 2024 que uno de los dueños de un predio de El Carmen, que ya había sufrido la suspensión de electricidad por robo de cables, decidió instalar una cámara con lente lector de patentes.
El dispositivo logró registrar los movimientos de un vehículo particular ajeno al sector durante un nuevo robo y almacenó los datos de la patente, lo que permitió a la PDI identificar al dueño, su ciudad de origen y continuar con un proceso judicial para obtener los permisos para la interceptación de llamados telefónicos con el resto de la banda.
Se comprobó su participación en robos en Paine, Retiro, Rancagua, Codegua, Longaví, San Rafael, Linares, Parral, Ñiquén, San Carlos y El Carmen.
Diez meses después y con la evidencia recogida, se ordenaron los respectivos allanamientos en Rancagua, orden judicial que alcanzó 10 domicilios, en los que se encontró cable, conductores, herramientas para cortar el material, armas de aire comprimido y una de fogueo adaptada para disparos (delito de tenencia de arma prohibida), más municiones y -paralelamente- decenas de cajetillas de cigarrillos de contrabando.
Sin perder de vista lo que significó el aporte del particular que instaló la cámara en su predio, el delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García, destacó la importancia de combatir a la delincuencia entre las entidades públicas, las empresas y las personas.
“Esto es un nuevo ejemplo de cómo se está trabajando mancomunadamente entre las instituciones y la empresa privada, la que ha aportado con importante información para obtener resultados como los de hoy”.
Aunque insiste en que aún no se ha encontrado indicios de crimen organizado que opere desde Ñuble, sí admite que “estas bandas perfectamente pueden operar en nuestra región, como en este caso. Pero estamos preparados junto a la Fiscalía y a las policías para detectar a tiempo si algo así llegase a ocurrir”.
La investigación policial, según advierten en la PDI, seguirá otras aristas que quedaron abiertas tras la captura de la banda especializada en este tipo de robos.
