En febrero pasado Schoenstatt trajo de regreso a Chile desde Alemania al exobispo de Chillán, Francisco José Cox, a quien el Papa quitó el estado de sacerdote en octubre por denuncias de abuso a menor en Ñuble y en La Serena, donde fue arzobispo. Dos querellas fueron presentadas en los juzgados de Garantía de Chillán y La Serena, una de ellas la del chillanvejano Abel Soto. Finalmente el caso pasó al sistema judicial antiguo, en la cuarta región, a cargo del juez del crimen Christian Le Cerf Raby, incorporando ambas denuncias.
Patricio Moore, vocero del Instituto de los Padres de Schoenstatt detalló que “todavía no lo han interrogado. Se le han practicado más exámenes, pero igual se le van a tener que hacer más cuando lo vayan a interrogar. Yo fui interrogado en calidad de testigo. Su abogado es Cristián Urquieta”.
En relación al estado de salud de Cox, quien se encuentra en una residencia en Santiago, Moore precisó que “no ha cambiado mucho, cada vez está más viejo y un poco más perdido”.
Consultado sobre si la congregación estaría dispuesta a asumir responsabilidades como las de los jesuitas con Poblete, el sacerdote enfatizó que “el caso nuestro es distinto porque él es obispo, todo lo que sucedió fue en la Diócesis de Chillán y en La Serena, y todas las demandas han sido de cuando él era obispo, entonces todo el material e información están en ambas diócesis, tendrían que ser ellas las que investigaran esto”.
Juan Rojas, vocero de la agrupación de laicos Juan XXIII de La Serena, afirmó que “cuando él huyó de Chile y se fue a Vallendar sabíamos el lugar preciso en el que estaba, sin embargo, nosotros no tenemos la certeza de que haya llegado a Chile, porque no sabemos dónde está, no se ha mostrado, y si bien es cierto que el Papa le quitó el estado clerical, lo siguen encubriendo”.
Rojas valoró que “lamentablemente hemos caído en esta oscura y lenta ley de la justicia antigua. Nosotros fuimos a declarar en marzo en los tribunales de justicia de La Serena. También hemos conversado con el arzobispo emérito Donoso, y a él todavía no lo llaman. Sería bueno que se investigara lo que ocurrió en Chillán también”.
En agosto pasado, el obispo Carlos Pellegrin, recibió una denuncia de la familia de una víctima ya fallecida abusada por Cox, caso que también involucra al sacerdote Osvaldo Salgado. Pellegrin envió los antecedentes a Roma.
Juan Carlos Claret, secretario ejecutivo de la Red laical Chile, afirmó que “es importante que no solo se determine la culpabilidad de Cox como autor de delitos, sino también desentrañar cuál ha sido la responsabilidad de otros sacerdotes, incluso laicos en todo esto, por ejemplo sacerdotes de Chillán, quienes cuando salieron a la luz las acusaciones en contra de Cox, rasgaron vestiduras a través de los medios de comunicación. Todo indica que el clero de Ñuble maneja mucha más información que lo que se ha conocido hasta ahora, por eso es imperativo que la justicia no solo agilice la investigación penal, sino también la de todos los que resulten responsables y que tengan grados de participación como cómplices o encubridores”.
