La decisión del Servicio Electoral (Servel) de rechazar los balances anuales de 14 partidos políticos abrió un nuevo escenario de presión administrativa para las colectividades, debido al eventual impacto en la entrega de financiamiento público durante el presente año.
En Ñuble, dirigencias partidarias afirmaron que las observaciones corresponden principalmente a aspectos formales y que ya se encuentran trabajando en su corrección.
Entre las colectividades cuyos ejercicios contables fueron objetados figuran el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido de la Gente, el Partido Republicano, el Partido por la Democracia, el Partido Demócrata Cristiano y Evolución Política, además de la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas, el Partido Radical, Alianza Verde Popular, el Partido Popular, el Partido Humanista y el Partido Liberal.
La normativa vigente establece que el Servel no efectuará transferencias a los partidos cuyos balances no hayan sido aprobados. Solo una vez subsanadas las observaciones o pagadas eventuales multas, el organismo procede a liberar los recursos correspondientes.
El procedimiento contempla el envío de un informe preliminar con reparos, tras lo cual las colectividades cuentan con un plazo -que por regla general es de 10 días hábiles- para responder y corregir antecedentes.
Mayor transparencia
En el plano local, la presidenta regional de la Democracia Cristiana, Carmen Arias, afirmó que la directiva nacional aclaró a la militancia que el balance 2024 fue presentado oportunamente y que las observaciones formuladas son de carácter estrictamente administrativo.
Indicó que no existen antecedentes que configuren faltas a la probidad ni causales de disolución, y que el partido continuará colaborando con el organismo fiscalizador.
Desde la dirección regional del PPD, en tanto, manifestaron que las observaciones se vinculan a ajustes en los criterios técnicos aplicados por el Servel para transparentar el destino de los recursos públicos.
Añadieron que su prioridad es responder dentro de los plazos establecidos, considerando que estos fondos permiten solventar remuneraciones, arriendos de sedes y obligaciones contractuales.
Consultados a nivel local, representantes del Partido Republicano y del Partido de la Gente declinaron referirse a la situación.
En varias colectividades, las directivas han activado equipos técnicos y jurídicos para revisar documentación, actualizar registros contables y responder de manera coordinada a las observaciones emitidas por el organismo fiscalizador.
El contexto es especialmente sensible, ya que la distribución de aportes fiscales posteriores a la última elección parlamentaria supera los $14 mil millones, monto que se calcula en función de la votación obtenida y del número de regiones donde cada partido está constituido legalmente.
Según estimaciones basadas en los resultados electorales, algunas colectividades podrían recibir montos cercanos a los $2 mil millones, mientras que otras arriesgan la suspensión temporal de transferencias hasta regularizar su situación administrativa.
Especialistas en derecho electoral advierten que este tipo de observaciones es parte del proceso habitual de fiscalización financiera y que el sistema contempla mecanismos de corrección que permiten a los partidos subsanar errores sin afectar de manera permanente su funcionamiento. Sin embargo, también señalan que el aumento de exigencias en materia de transparencia ha incrementado el nivel de detalle requerido en las rendiciones, lo que obliga a las colectividades a reforzar sus equipos administrativos y sus sistemas de control interno.
