Una Constitución consagra derechos y deberes de la ciudadanía, y es la base del ordenamiento del Estado para la convivencia de la sociedad y como tal, la responsabilidad ciudadana en dicho proceso es una tarea vital, porque sus efectos serán determinantes en todos los aspectos de la vida nacional. Sin embargo, los temores que despierta la pandemia del coronavirus instalan una razonable duda sobre el nivel de participación electoral que habrá para el plebiscito del 25 de octubre.
Los pronósticos no son malos. Diferentes encuestas y estudios de opinión realizados en los últimos meses han revelado alto interés, pero esperar una abrumadora concurrencia a las urnas el próximo domingo -que era lo que antes del 15 de marzo nadie dudaba- es una apuesta muy aventurada.
Es indudable que habrá un efecto pandemia, sobre todo en las personas más proclives a contagiarse, que son las de mayor edad y quienes tradicionalmente votan más. De ser así, que es muy probable, esa baja debería compensarse con jóvenes. Si aquello no ocurre, estaríamos ante un bajo nivel de participación que podría dañar todo el proceso.
Según analistas consultados por La Discusión, todo indica que será superior a la elección presidencial de 2017, lo que no es ningún alivio, pues apenas llegó a 46,6% en todo el territorio nacional, y a 47,6% en la Región de Ñuble. Igualmente, hay coincidencia en que si no se logra que al menos la mitad del padrón vote, se va a abrir un debate sobre la legitimidad del proceso constituyente y un argumento a favor para aquellos que hoy están en la minoría del rechazo.
Si bien es cierto existe poca incertidumbre respecto del resultado del plebiscito, puesto que todas las encuestas y sondeos ubican a la opción Apruebo como la favorita, muy por encima de la opción del Rechazo, también es cierto que la voluntad popular no debe quedar en manos de los supuestos, de los números que muestran los sondeos, o de lo que decidan los otros.
La idea de que el voto individual no tiene ningún valor estadístico no se aplica en una democracia, donde todos los ciudadanos tienen el mismo poder. De hecho, en la práctica, un plebiscito constituyente debe ser de los pocos hitos en la historia de un país en que la opinión de un rico pesa lo mismo que la de un pobre.
Es claro que negarse a participar no solo es apatía, también es desconfianza, desinterés y desencanto. Naturalmente, entre los factores de este estado sicológico, figura el desempeño de los líderes políticos y una percepción de injusticia social, pero también un marcado individualismo de la sociedad, que ha relegado a un último plano la mirada colectiva y del bien común.
Como un círculo vicioso, dicha desesperanza que se traduce en apatía electoral no solo reduce las posibilidades de cambio, sino que facilita la mantención del status quo que tantas insatisfacciones nos genera.
