En los últimos cinco años se ha observado un crecimiento explosivo de los proyectos de generación fotovoltaica en la región de Ñuble, aprovechando las favorables condiciones de radiación, pero también la alta rentabilidad de las inversiones donde un elemento no menor es el valor del suelo en la región, bastante más competitivo que en las regiones de la zona central, aunque en aumento, por el rápido desplazamiento de los cultivos frutícolas, cuya superficie en Ñuble viene creciendo a una tasa superior al 12% anual en los últimos diez años. Y si bien la mayoría de los parques solares se están emplazando en terrenos con poco potencial agrícola, ya se han comenzado a observar algunos proyectos que “sacrificarán” suelo con aptitud agrícola.
Esta situación ha generado preocupación en algunos consejeros regionales, quienes ven que el legítimo interés por asegurar el abastecimiento de energía en una región con una economía en crecimiento puede ser una amenaza para el desarrollo agrícola y la promesa de ser potencia agroalimentaria, en un análisis donde también está en el foco la necesidad de asegurar el abastecimiento de alimentos, un aspecto que ha cobrado especial relevancia durante la pandemia.
Según planteó el consejero regional Javier Ávila, en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos, el Consejo Regional debe manifestarse respecto de la relación de los proyectos con los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo, pero no sobre el tipo de suelo donde se pretenden emplazar estos parques, una labor que le compete al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). “Lo que hemos visto es que se están aprobando proyectos que se emplazarán en suelos con aptitud agrícola tipo 2 y 3, que son de los mejores (escala de 1 a 4), y que involucran cambio de uso de suelo, y uno dice por qué no buscan otros terrenos, y la explicación tiene que ver con que la rentabilidad de estos proyectos depende de que estén cerca de la infraestructura de transmisión, de lo contrario, la inversión en líneas encarecería demasiado estas iniciativas”, sostuvo.
Expuso que “son suelos que podrían destinarse a la actividad agrícola, pero no existe un instrumento de planificación territorial en la región que oriente el uso preferente del suelo, sobre la base de los lineamientos estratégicos de desarrollo”, planteó el core, quien apuntó que uno de los desafíos de la región es contar con dicho plan, “y ahí se podrá establecer, con apego a la norma, una destinación más racional de los suelos, donde no se contraponga una línea de desarrollo, que sería la generación de energía, con la línea de favorecer un desarrollo de la agricultura en base a la calidad de sus suelos”.
“El hecho de tener buenos suelos, nos da la posibilidad, en un mundo que cada vez va a necesitar más alimentos, de potenciarnos como zona productora de alimentos”, reflexionó la autoridad.
Ávila comentó que los consejeros han abordado este tema con las autoridades de Energía y Agricultura, y coincidió con ellos respecto de la necesidad de aumentar la oferta energética en la región, para aumentar el potencial de crecimiento económico, así como el uso de energías limpias. “Y el óptimo es que ese tipo de proyectos se aprueben en suelos con bajo potencial agrícola”, resaltó el profesional.
Tres proyectos
El SAG informó que, en los últimos 12 meses, ha recibido 14 solicitudes de Informe de Factibilidad para la Construcción ajena a la agricultura en área rural (IFC) correspondientes a proyectos fotovoltaicos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), vale decir, con potencias de generación eléctrica superiores a 3 MW. De estos, se han autorizado trece.
De ese total, tres de estos proyectos se establecen en suelos clase 2 y 3, para lo cual debieron proponer un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) para hacerse cargo del no uso temporal de suelos de interés de protección del SAG. “Este aplica para la construcción de proyectos temporales que no generan impactos significativos al recurso suelo, es decir, que no contemplen escarpe de suelo (remover físicamente el suelo) y que al final de la vida útil del proyecto, como parte de la fase de cierre, se consideren las labores necesarias para que éste quede disponible para actividades agropecuarias”, explicó el director regional del SAG, Eduardo Jeria.
Según indicó, los 13 proyectos que recibieron informe favorable del SAG afectan, en total, a una superficie de 215,2 hectáreas; y que aquellos que involucran suelos clase 2 y 3 afectan a 39,44 hectáreas. “Los tres proyectos que afectarán suelos priorizados presentaron sus respectivos CAV, que corresponden a obras de riego destinadas a mejorar la capacidad productiva de otros suelos, en una superficie de 576 hectáreas en Bulnes y Ñiquén”, complementó el profesional.
De acuerdo con la información que proporciona el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), la Región de Ñuble cuenta con 361 mil hectáreas de suelos de clases 1, 2 y 3, de alta prioridad agrícola, acotó Jeria.
“Todos los proyectos fotovoltaicos sometidos al SEIA que consideran establecerse en suelos de alta prioridad agrícola deben solicitar al SAG el Informe de Factibilidad para la Construcción ajena a la agricultura en área rural y, adicionalmente, proponer un Compromiso Ambiental Voluntario para hacerse cargo del no uso temporal de estos suelos; por ejemplo, con obras de riego destinadas a mejorar la capacidad productiva de otros suelos”, reafirmó Jeria.
En este sentido, el directivo destacó que “el SAG, en el marco de sus competencias ambientales y sectoriales, ha colaborado en forma clara a construir un equilibrio entre la sustentabilidad de la generación energética (fotovoltaica) y de la actividad agropecuaria, evitando la pérdida de la capacidad productiva y seguridad alimentaria nacional y exportadora”.
El directivo explicó, asimismo, que “el Informe de Factibilidad para Construcciones ajenas a la agricultura en área rural (IFC) para proyectos ingresados al SEIA, corresponde a un permiso sectorial que el interesado gestiona una vez que ha obtenido la Resolución de Calificación Ambiental (RCA); vale decir, en el proceso de evaluación ambiental ya ha sido resuelto el análisis del componente ambiental del permiso. De acuerdo con la legislación vigente, el SAG no puede denegar el permiso en razón de los requisitos ambientales evaluados, como tampoco imponer nuevas exigencias de carácter ambiental que no hayan sido observadas y evaluadas en la RCA. El mecanismo utilizado fue presentar CAV en los casos de proyectos que generan impactos no significativos desde el punto de vista ambiental, pero que generan pérdida temporal de uso agrícola de suelos productivos, como es el caso de los suelos clase 1, 2 y 3”.
En el caso de los proyectos solares inferiores a 3 MW, que en la región bordean el centenar, el director del SAG aclaró que también se trata de una construcción ajena a la agricultura en el área rural, no existiendo la obligación de ingresar a evaluación en el SEIA, por lo que deben tramitar el informe de factibilidad ante el SAG. “Además, no tienen la posibilidad de presentar CAV para mejor resolver del director regional y compensar la pérdida temporal de uso agropecuario de suelos priorizados (1, 2 y 3). Por lo tanto, en la tramitación del IFC es altamente probable que sea rechazado para este tipo de suelos”, precisó.
Objetivo superior
De igual manera, el seremi de Energía en Ñuble, Manuel Cofré, aseveró que “en general, los parques fotovoltaicos se construyen en suelos tipo 4 o superiores. Marginalmente ha habido algunos suelos clase 3 o clase dos, que corresponden principalmente a los tendidos de línea o alguna subestación. Remarcar que todos los proyectos se evalúan, se aprueban o rechazan en su mérito, cumpliendo la ley o normativa vigente”.
Cofré manifestó, además, que “las energías renovables no convencionales, entre las que se encuentran los fotovoltaicos, son un complemento para una mayor producción agrícola. De hecho, el primer gran desafío hoy por hoy es que Ñuble tenga 20 mil nuevas hectáreas con riego tecnificado y eso sí o sí tiene que considerar energía fotovoltaica. No olvidar que hay un objetivo superior en el país que es migrar de una matriz en base a hidrocarburo a energías limpias y eso requiere infraestructura. La energía, por otro lado, genera riqueza, posibilita inversiones y se generan empleos. Por lo tanto, aquí no hay ninguna contradicción del mercado o las normativas. Ñuble tiene que seguir creciendo en energía y eso impacta de buena manera diversos sectores económicos, no solo el agrícola, sino también el inmobiliario y otros”.
Prioridades
Sin embargo, podría existir una colisión de intereses superiores, como el de descarbonizar la matriz energética, por un lado, y convertir al país en una potencia agroalimentaria.
El académico del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, Dr. Raúl Cerda, planteó que la competencia por el uso de suelo agrícola no es algo nuevo, y que se ha visto en las últimas cuatro décadas con la expansión forestal y urbana, y más recientemente, con la proliferación de las llamadas “parcelas de agrado”.
“Aquí estamos hablando de cambio de uso de suelo, en que a un suelo con potencial agrícola les colocas paneles fotovoltaicos. El tema es si le conviene o no a la región y al país. Y eso ha estado ocurriendo mucho, no sólo con los proyectos energéticos, y la sociedad no ha dicho mucho, por ejemplo, en suelos clase 2 e incluso de clase 1, hay 120 mil hectáreas forestadas entre Biobío y Ñuble, que es algo que detectamos en 2015 cuando hicimos el Plan regional de ordenamiento territorial (PROT). Y a nivel nacional, entre 1997 y 2007 se perdieron casi 300 mil hectáreas, porque se transformaron en urbanizaciones, en industria y otros usos. Basta mirar el crecimiento de ciudades como Chillán, donde hoy casas sobre suelos clase 2”, se lamentó Cerda.
En esa línea, el investigador apuntó que “uno ve que la normativa de cambio de uso de suelo es muy laxa, lo que ha permitido también el tema de las parcelas de agrado, por lo que la instalación de los parques fotovoltaicos viene a ser una más”.
Según Cerda, el tema de fondo es el ordenamiento territorial. “No tenemos una normativa que obligue a las regiones a contar con un PROT, que por lo menos podría ser indicativo, ya que tampoco es obligatorio de cumplirlo por los privados. Porque por un lado tenemos la Constitución, que consagra la propiedad privada versus la sociedad que no tiene la posibilidad de definir en qué se puede utilizar determinado suelo. Entonces, en un PROT se define a grandes rasgos qué actividades se pueden desarrollar, y el instrumento ya existe, porque se hizo cuando Ñuble era parte de Biobío, así es que basta con ocupar eso o hacer uno nuevo”, argumentó, al tiempo que reflexionó que debe ser una tarea del próximo gobernador regional.
Consultado por la colisión de intereses que supone la necesidad de producir energía y la de producir alimentos, el académico fue claro: “Si hubiera un plan de ordenamiento territorial yo diría que los paneles fotovoltaicos no deben estar en suelos agrícolas, hay suficiente suelo para ello, especialmente en otras regiones, como en el Norte. Si existiera una interconexión eléctrica de la zona central con el Norte ya operativa se podría hacer un diseño energético sostenible en el país”.
“En Ñuble parece súper ilógico colocar paneles solares en el Valle Central, porque si bien es más rentable instalarlos cerca de las líneas de transmisión y los centros de consumo, esto tiene un costo social, es decir, que debe asumir toda la sociedad, y que las empresas de generación no internalizan en sus costos, porque son externalidades negativas. Ése es el problema que tenemos, porque se impone solo el criterio económico, y no se obliga al inversionista a que internalice esta externalidad, a que lo internalice como costo, tal como ocurre con los bonos de carbono”, planteó el profesor Cerda.
Parcelas de agrado
Tampoco es una novedad para el vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos Smith, quien sostuvo que les inquieta particularmente la multiplicación de los loteos para parcelas de agrado en suelos con aptitud agrícola.
El dirigente sostuvo que “la rentabilidad de los proyectos solares es mayor que la de una forestal o de una situación de rulo, pero no es mucho mejor que de un buen suelo agrícola, entonces, me parecería muy raro que se estén usando terrenos de buena calidad agrícola para estos proyectos, hasta ahora he visto pocos, por lo que no creo que sea una cosa masiva como para que ponga en riesgo la disponibilidad de suelo agrícola. Me parece mucho más riesgoso y preocupante la transformación de suelo agrícola en parcelas de agrado, porque eso está floreciendo por todos lados y no necesita reunir las condiciones de los proyectos energéticos”.
“Yo no lo veo con malos ojos, porque esa es una energía limpia, y la necesitamos. Nunca va a ser tan masivo, son de una superficie de hasta 20 hectáreas, no me parece algo peligroso, porque existe una normativa adecuada que regula esta industria, el tamaño de los parques solares y limita su concentración en un área geográfica”, cerró Smith.
