El parlamento chino adoptó el jueves la polémica ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong, como respuesta a las grandes manifestaciones prodemocracia del año pasado en la excolonia británica, y pese a las amenazas de sanciones de Estados Unidos.
Como se esperaba, los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china adoptaron esta medida que ha reactivado las protestas en Hong Kong.
Solo un diputado votó en contra y seis se abstuvieron.
El anuncio del resultado de la votación fue celebrado con un largo y fuerte aplauso en el marco solemne del Palacio del Pueblo en Pekín, ante la presencia del presidente Xi Jinping.
En Hong Kong, los opositores demócratas a la influencia del gobierno central afirman que la medida abre el camino a un retroceso sin precedentes de las libertades en esta metrópolis financiera de siete millones de habitantes.
“Es el fin de Hong Kong”, dijo a la AFP Claudia Mo, diputada prodemocracia en el Consejo Legislativo hongkonés. “A partir de ahora, Hong Kong será una ciudad china como las otras”.
Joshua Wong, una de las figuras más destacadas de la oposición, estimó que la futura ley iba a “matar los movimientos democráticos” en el territorio autónomo.
En el bando pro-Pekín, la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, se felicitó por la votación en el Parlamento nacional. Como lo exige el proyecto de ley, la dirigente prometió “reforzar la aplicación de la ley y la educación para defender la seguridad nacional”.
¿Adopción en agosto?
“Esta decisión no afectará a los derechos y libertades de los hongkoneses. Al contrario, ayudará a Hong Kong, a largo plazo, a poner fin a la violencia y al caos”, dijo el diputado pro-Pekín Martin Liao.
Estos últimos meses, la movilización se había interrumpido debido a las medidas sanitarias para frenar la epidemia de covid-19, pero miles de manifestantes salieron el domingo de nuevo a la calle para protestar contra el proyecto de ley, anunciado solo tres días antes.
El voto otorga mandato al comité permanente de la ANP para redactar un proyecto de ley que será incorporado a la pequeña Constitución de Hong Kong, evitando así la opinión del Consejo Legislativo local.
Esta ley deberá “impedir, detener y reprimir toda acción que amenace de manera grave la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión, la preparación o la ejecución de actividades terroristas, así como las actividades de fuerzas extranjeras que constituyen una injerencia en los asuntos” de Hong Kong, según un proyecto que había sido sometido a la ANP.
El régimen comunista ha acusado en múltiples ocasiones a las “fuerzas extranjeras”, especialmente a Estados Unidos, de fomentar las protestas en Hong Kong. También ha acusado a los manifestantes radicales de librarse a actividades “terroristas”.
El Comité Permanente de la ANP podría examinar el texto a partir de junio y el proyecto de ley sería adoptado a finales de agosto, según la web NPC Observer, especialista en temas legislativos chinos.
El texto también prevé autorizar a los organismos que dependen del gobierno central a abrir en Hong Kong oficinas con autoridad en materia de seguridad nacional.
Según sus detractores, la medida supone el fin del principio “un país, dos sistemas”, que rige las relaciones entre Hong Kong y Pekín desde que el territorio fue devuelto por el Reino Unido a China en 1997.
¿Sanciones de Estados Unidos?
El futuro de este gran centro financiero mundial preocupa a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos donde, sin esperar el voto del Parlamento chino, la administración de Donald Trump allanó el camino para imponer sanciones económicas contra Hong Kong.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo el miércoles en el Congreso que ya no consideraba que el territorio fuera autónomo respecto a Pekín.
“Ninguna persona razonable puede decir hoy en día que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía de China”, afirmó.
Tras esta constatación, la administración de Trump puede ahora acabar con el estatus especial acordado a la excolonia británica para propósitos comerciales.
Esta medida, que Washington todavía no ha anunciado si aplicará, es un acto de “barbarie”, denunció el jueves la oficina del ministerio chino de Relaciones Exteriores en el enclave.
