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Diputados y activistas antibrexit, indignados por la decisión del primer ministro británico Boris Johnson, lanzaron una batalla legal el jueves para intentar impedir que suspenda el Parlamento hasta dos semanas antes de la fecha de salida de la Unión Europea.
Johnson anunció el miércoles haber pedido a la reina Isabel II la suspensión de la sesión parlamentaria entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre, a tres días del Consejo Europeo y 17 de la fecha en que prometió sacar al país del bloque con o sin acuerdo.
Esto provocó una ola de indignación y protestas. Diputados opositores se declararon determinados a intentar aprobar una legislación urgente contra un Brexit sin acuerdo en las semanas previas y posteriores a la suspensión o a lanzar una moción de censura contra Johnson.
El primer ministro también sufrió un duro revés el jueves cuando la carismática líder de su Partido Conservador en Escocia, Ruth Davidson, contraria a una salida brutal de la UE, anunció su dimisión aduciendo motivos familiares y políticos.
De forma “muy inteligente” según el constitucionalista Robert Craig de la Durham University, para suspender el parlamento el primer ministro no aludió al Brexit sino a una práctica habitual en el Reino Unido que permite a todo nuevo ejecutivo presentar su programa legislativo.
Sin embargo, la empresaria y activista antibrexit Gina Miller lanzó una acción ante la justicia denunciando que la medida “fue manifiestamente utilizada (…) para impedir que el parlamento legisle contra un Brexit sin acuerdo”.
Miller fue la responsable en 2017 de una victoriosa batalla legal que obligó al gobierno de May a requerir la aprobación parlamentaria para todo acuerdo con Bruselas y ahora se declara determinada a impugnar “el efecto y la intención” de la decisión de Johnson.
