Sin duda, la comisión de Normas Transitorias es la que ha acaparado la atención durante la recta final del proceso Constituyente.
La instancia, encargada de redactar las normas que después deberán ratificarse en el Pleno, y que fijarán la transición entre la actual Constitución y la nueva, de aprobarse esta última; ha tomado algunos acuerdos que no han dejado indiferente a la clase política, incluidos los parlamentarios. Por ejemplo, se llegó al acuerdo para que los actuales senadores permanezcan en sus cargos solo hasta 2026, incluidos quienes fueron elegidos en noviembre pasado, cuyo mandato culmina en 2030. En el caso de la Región de Ñuble, serían sus dos representantes, Loreto Carvajal (PPD) y Gustavo Sanhueza (UDI).
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La idea, dijeron los distintos partidos y colectivos que adhirieron a esta idea, es que las dos cámaras que debutan con la nueva Constitución -Cámara de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones- asuman en 2026.
Otra de las disposiciones consensuadas propone que, durante la actual legislatura, los proyectos de reforma a la nueva Constitución deban contar con el respaldo de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, de 103 diputados y 33 senadores.
Esto, con la finalidad de que los posibles cambios se realicen previo un gran acuerdo nacional, y no comience a desmantelarse una Constitución que apenas se estaría implementando.
En tanto, otra de las propuestas que ha generado revuelo en la comisión es la posibilidad de que se legisle vía decretos con fuerza de ley en ciertas materias, si es que el congreso no cumple con los plazos establecidos por la Constitución para implementar la normativa que requiere el nuevo texto. El objetivo sería “poner un incentivo” al parlamento para que no dilate esta responsabilidad.
Críticas parlamentarias
Todas estas iniciativas -algunas con más o menos probabilidades de ser aprobadas en la comisión-, han generado diversas reacciones en el mundo político, específicamente, entre los parlamentarios.
La senadora del PPD, Loreto Carvajal, sostuvo que “la idea de legislar vía decreto o maniatar al actual Congreso para que prácticamente no pueda hacer nada respecto del nuevo texto constitucional, solo perjudica a la opción del Apruebo. Espero que los convencionales así lo entiendan. Actualmente hay un congreso vigente, electo por la ciudadanía, que está trabajando todos los días por los chilenos y chilenas, y que no puede abdicar de ese mandato y quedarse paralizado por cuatro años. Este Congreso no es una traba para la nueva Constitución, todo lo contrario, su rol y la posibilidad de que aquí se mejoren algunos aspectos de la propuesta constitucional pueden ser gravitantes para que algunas personas se decidan a aprobar, con la confianza de que aquellos aspectos puntuales que no les gustan se pueden corregir post plebiscito”, aseveró.
El senador, Gustavo Sanhueza (UDI), sostuvo que “comparto plenamente las opiniones del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y también del exsenador y constituyente, Felipe Harboe, en el sentido que se debe respetar íntegramente el mandato ciudadano para el cual se eligieron las actuales autoridades. Cualquier intento por romper las reglas del juego significa socavar la democracia y seguir aumentando el rechazo que la ciudadanía está manifestando hoy día por la Convención”, aseveró.
Sobre los 2/3, manifestó que “es muy incongruente que los mismos que por años criticaron los quórum establecidos en la actual Constitución ahora vengan a establecer una regla similar. Desde la UDI ya hemos manifestado que estamos disponibles, incluso, para modificar los quórum de la Constitución actual, sobre todo en aquellos proyectos que tienen 2/3”.
En relación a los DFL, “estos son instrumentos que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero dentro de un marco institucional, es el congreso el que transfiere dicha competencia al Presidente de la República, que es lo que a mi entender, se debe respetar hoy día. En la medida que los constituyentes sigan polarizando al país con una visión refundacional muy alejada de la ciudadanía, cada vez habrá más posibilidades que el 4 de septiembre se rechace el trabajo de los constituyentes”, planteó.
A la diputada de la UDI, Marta Bravo, en tanto le llaman la atención las propuestas que han surgido últimamente en la Convención.
“Van en directo perjuicio de la democracia y de los chilenos, ya que los ciudadanos participaron de las elecciones parlamentarias de manera voluntaria y conocían la duración de los cargos. Con este tipo de propuestas se deslegitima a la misma ciudadanía que votó. Por otro lado, se promueve una Constitución que no puede ser perfeccionada, y saltarse el congreso, para que sea el gobierno el que legisle a su conveniencia”, sostuvo.
El diputado de RN, Frank Sauerbaum, cree que “hay que alejarse de todas las decisiones totalitarias que algunos han querido proponer en la Constituyente. Los senadores tienen un período para el cual fueron elegidos de ocho años, la gente así lo asumió, por lo tanto tienen tanta o más legitimidad que la Convención, pues fueron elegidos después, nadie puede cuestionar su validez democrática”, dijo.
Respecto del quórum propuesto, sostuvo que “estos deben seguir siendo altos, como los actuales, pues para hacer reformas constitucionales, independiente que me guste o no el resultado de este plebiscito, se debe procurar estabilidad. Los quórum deben mantenerse lo más altos posible, para que las reformas sean lo más consensuadas”, dijo.
Sobre los DFL, afirmó, “sería lo peor que le podría pasar a la democracia, eso solo lo hacía Pinochet, no sé si los convencionales tienen cierta nostalgia, sería incomprensible que un gobierno tan democrático como éste quisiera caer en lo mismo. Todas las modificaciones que se hagan deben ser por la vía del congreso”, planteó.
Según el independiente, Felipe Camaño, “uno no puede cambiar la voluntad de la ciudadanía de tal manera que a personas que fueron elegidas para un cargo y con determinadas funciones y facultades por un período determinado, se les altere. Eso es modificar el principio democrático, no me parece correcta esa idea, pues torcer la voluntad del pueblo no es propio de un país democrático”, afirmó.
Respecto de la propuesta para dificultar las reformas constitucionales, dijo, “me parece que no es una buena señal. No contribuye a lo que todos queremos, una Constitución nacida en democracia, que cuente con alto respaldo. Genera un incentivo al Rechazo”, advirtió.
Sobre los DFL, agregó, “no me parece correcto, esa idea es propia de dictaduras, acá quien legisla es el congreso, y pretender saltárselo no es propio de la democracia. Podemos disentir o no de los nombres que componer nuestro poder legislativo, pero no por eso pasar por sobre parlamentarios elegidos democráticamente. Los DFL solo se utilizan respecto de algunas materias, y con expresa autorización del congreso nacional”, manifestó.
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