Pocos meses después del terremoto del 27 de febrero de 2010, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el ministro de Justicia de la época, Felipe Bulnes, daba una noticia largamente esperada por los chillanejos (as): el nuevo emplazamiento definido para trasladar la cárcel de Chillán, ubicada a apenas 5 cuadras de la Plaza de Armas.
En aquella oportunidad (según consta en el archivo de junio de 2010 de La Discusión) se expusieron los antecedentes que determinaban que ese nuevo recinto penal sería construido en el sector de Trinidad, en Chillán Viejo. En ese momento, los personeros oficialistas destacaban que el Gobierno honraba así el compromiso que se había adquirido con los habitantes de la entonces provincia de Ñuble, en cuanto a definir el nuevo terreno que permitirá sacar la cárcel del centro de la ciudad, después de la fuga que protagonizaron cientos de reos la noche del 27 de febrero y que junto con reactivar la sensación de inseguridad en el vecindario, causó la destrucción de 5 casas colindantes al penal por el incendio que provocaron los internos.
Lo que vino después es también historia conocida. La comunidad de Chillán Viejo rechazó el emplazamiento propuesto por el ministro Bulnes y el supuesto proyecto se frenó. Luego se comenzó a discutir la idea de una cárcel biprovincial, para Ñuble y Biobío, que se iba a instalar cerca de la Ruta 5, en un terreno equidistante de Chillán y Los Ángeles. La propuesta se llenó de críticas en ambas provincias y fue desechada. Años después, en la segunda administración de Bachelet, se propuso edificar el nuevo penal en San Carlos, pero al igual que en Chillán Viejo, autoridades locales y la sociedad civil hicieron frente común para rechazar la elección del terreno, y del proyecto no se supo más. En el segundo gobierno de Piñera también hubo gestiones en Bulnes y Chillán, pero corrieron la misma suerte. Finalmente, en la actual administración, la semana pasada, la ministra del Interior dijo que no se iba a sumar a la procesión de promesas sobre la nueva cárcel y descartó que el Gobierno tenga un proyecto para su construcción. Trasladar a internos de delitos peligrosos, o que no son de la zona, a un nuevo penal que se inaugurará en Talca, es la respuesta que hay ante la sobrepoblación carcelaria de Chillán.
Paralelamente, a la sucesión de intentos frustrados de tener un nuevo recinto penitenciario, se realizaron una serie de inversiones en la vieja cárcel. En 2011 se destinaron cerca de $800 millones para el reforzamiento del muro perimetral y refacción de las instalaciones. Al principio se habló de que era una medida temporal, durante el periodo que demoraría la construcción de la nueva cárcel, que en 2011 se estimaba iba a ser de tres a cuatro años. Luego, en 2019, se instaló una malla perimetral para contener los lanzamientos de drogas desde el exterior,,que costó $300 millones y ahora, después de las declaraciones del ministra del Interior, la opción de reacondicionar la estructura actual suma apoyo en distintos actores locales que sugieren incorporar más tecnología y comprar los sitios aledaños para ampliar el recinto en su actual emplazamiento.
A primera vista se trata de una propuesta razonable, realista, porque supone que se mejorarán las deficitarias condiciones en que se encuentran internos y funcionarios, no obstante una segunda lectura inevitablemente instala la decepcionante confirmación de que seguimos igual que hace 25 años, con la cárcel de Chillán en el mismo emplazamiento que tiene desde 1943.
