Obras paralizadas y varias que ni siquiera han podido iniciar sus faenas describen la situación del sector construcción en el país, y también en Ñuble. El escenario económico complejo, que en los últimos dos años viene mostrando un alza sostenida de los costos ha reducido notoriamente los márgenes del sector e incluso, ha tornado inviables numerosos proyectos y ha llevado a la quiebra a algunas empresas.
Aquellas compañías que tienen contratos con el Estado han sufrido en mayor medida, pues sin un necesario reajuste de los montos, las empresas tienen que trabajar a pérdida, poniendo en riesgo su viabilidad en el corto plazo. En ese sentido, la quiebra, el mes pasado, de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), una de las más grandes del país con proyectos públicos de gran envergadura, encendió las alarmas de las autoridades, que se han tomado bastante tiempo en reaccionar a esta crisis, agravada por las excesivas restricciones de los bancos para otorgar financiamiento.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]“Las empresas están con los vientos en contra, por los insumos y por el sector financiero, que es el que se ha portado más mal, y hay que decirlo”, sostuvo esta semana el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien criticó el rol de los bancos bajo el contexto de déficit habitacional.
Precisamente, los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Hacienda y Economía en conjunto con BancoEstado se encuentran ajustando los detalles de lo que será una línea especial de financiamiento a empresas del sector que tienen dificultades para optar a beneficios como el Fogape, una demanda que se viene planteando hace meses desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), con la idea de mejorar la productividad y la inversión.
“Ojalá que los bancos entiendan que su labor en momentos de las vacas flacas no es igual que en el momento de las vacas gordas. La rentabilidad de los bancos tiene que ser diferente, así como las empresas han ajustado su margen”, destacó el exsenador.
Proyectos habitacionales en Ñuble
En la región de Ñuble el mayor deterioro se observa en el sector vivienda, donde hay empresas afectadas en proyectos con subsidio habitacional DS 19 y DS 49. Algunas han renunciado, otras han quebrado y otras siguen esperando incrementos de los subsidios, mayor disponibilidad de créditos y de mano de obra para comenzar.
“De la misma manera en que la inflación afecta a las familias, nos descapitalizamos y perdemos caja y capital de trabajo para seguir funcionando. Sumado a los retrasos en el pago de las obras por el sector público, es una carga que se puede soportar transitoriamente, pero no por mucho tiempo o más de una obra”, reconocen desde la CChC Chillán.
Por mientras, con el objetivo de sobrevivir, las empresas están optimizando sus recursos, reduciendo personal y ajustándolo a los nuevos volúmenes de obras.
Ricardo Salman, presidente de la CChC Chillán, expuso que “las elevadas tasas de interés sumado a las restricciones crediticias a las empresas constructoras, inmobiliarias y a clientes, han ralentizado las ventas y el inicio de nuevos proyectos”.
Explicó que “derivado de las restricciones crediticias y también por las alzas de costos de materiales y escasez de mano de obra calificada, varios proyectos que habían sido beneficiados con el DS 19 a comienzos de año no pudieron comenzar, así también otros tuvieron que renunciar producto de las mismas dificultades”.
Este mes los resultados del llamado a postulación a los DS 19 de las empresas, sólo resultaron beneficiados dos proyectos con 228 unidades, perdiéndose 5 proyectos con 942 viviendas, lo que según subrayó Salman, “significa entregar menos soluciones habitacionales, un menor nivel de actividad económica y menor empleo”.
Menor inversión
“La crisis en Chile surge a causa de la insurrección de octubre del 2019, luego comenzó la pandemia y la acentuó con el cierre de las economías, luego las políticas populistas de gasto fiscal con los IFE y los retiros de AFP, generaron el problema inflacionario, que es un impuesto para las familias más pobres, perdiendo poder adquisitivo, que para controlarlo, el Banco Central ha debido aumentar las tasas y con ello se está afectando a la inversión y al empleo, recayendo nuevamente en los más pobres y en las empresas. Controlar la inflación para llevarla a los rangos meta del 2,0%-4,0% anual tomará dos años, pero la reactivación de la economía y del empleo ahora dependerán de cómo se terminen de definir las reformas en curso, tributaria, previsional, laboral y constitucional, y lo peor es que una vez resueltas van a afectar el crecimiento de largo plazo, al impedir generar ahorro suficiente en la economía que pueda financiar un mayor crecimiento, todo esto se traducirá en una menor generación de empleo, menor reducción de la pobreza y menor recaudación fiscal”.
Como consecuencia de esta crisis, el sector está lejos de volver a los niveles de actividad que exhibía en la prepandemia. Al revisar la superficie autorizada de permisos de edificación en Chillán, se observa que en el periodo enero-agosto de 2022 acumula 128.490 metros cuadrados, marginalmente superior a igual periodo de 2021 y 2020, pero la mitad del acumulado en 2019, que alcanzaba 259.221 m2.
“Esta menor superficie en construcción se traduce en una pérdida de empleo para 7.500 trabajadores en Chillán”, apuntó el dirigente gremial.
Añadió que “como gremio de la construcción venimos planteando estas problemáticas desde un comienzo, hemos hecho las advertencias para no haber llegado a esta situación crítica, este año hemos enfrentado el mayor número de quiebras en nuestro sector, la quiebra de CVV le ha dado notoriedad a la problemática y es muy lamentable el costo que significa”, para luego subrayar que “derivado de estos problemas, la inversión en construcción este año caerá un 4%, y se espera una caída de un 5,3% para el 2023”.
En ese sentido, el timonel de la CChC Chillán valoró la respuesta del Gobierno. “Ha sido lenta y algo tardía, pero valoramos las medidas que se están tomando, para evitar que más empresas lleguen a la quiebra, además, que significa un alto costo para el Estado relicitar estas obras. La resolución 177 permitirá, mediante el índice polinómico, reajustar las obras públicas hasta por un 20% en sus sobrecostos, asimismo, en el área de vivienda estamos esperando se haga el pago de las resoluciones que autorizan el desembolso para los sobrecostos en hasta un 14%”, indicó.
Asimismo, Ricardo Salman detalló una serie de medidas propuestas por el gremio para mejorar el desempeño del sector, como asegurar el pago oportuno por los servicios prestados, disminuir los tiempos de recepción en las Direcciones de Obras Municipales y reponer la certeza jurídica de los permisos. Además, destrabar iniciativas de inversión en curso que enfrentan dificultades para su desarrollo o entrega final por decisiones de distintos organismos públicos; aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución afectados por el fuerte aumento del precio de los materiales; crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción (que no califican para Fogape) y mejorar el actual mecanismo de reorganización judicial; avanzar en la Agenda Pro Productividad comprometida por el Gobierno, una “severa debilidad que tenemos como país y como sector”, indicó; y cambiar el enfoque de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, poniendo énfasis en fomentar la inversión y aumentar la productividad.
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