Share This Article
La expectativa sobre el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de Santiago, respecto a la apelación que el alcalde Felipe Aylwin presentó a su suspensión del cargo, en primera instancia, se extenderá hasta este miércoles.
Esto porque pese a que había dos causas relativas al caso en tabla y, en efecto, el Tribunal revisó ambas causas, recién en el transcurso de este día se conocerá la resolución que tendrá carácter de inapelable.
En lo inmediato, lo más próximo a un fallo es la apelación por suspensión presentada por el abogado Julio Díaz de Arcaya, a favor del alcalde, quien ha argumentado que el Tricel no es el órgano competente para pronunciarse sobre la continuidad o suspensión del alcalde, quien se encuentra en calidad de acusado en un juicio por fraude al Fisco y que está en curso en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán.
Su base es que “es un tribunal penal quien debe decidir si el alcalde es o no suspendido de sus funciones, y lo concreto es que el Juzgado de Garantía luego de la acusación hecha por la Fiscalía, no decretó tal medida”.
Por otro lado, Díaz de Arcaya plantea que “el Tricel tiene facultades para pronunciarse respecto a una remoción y no de una suspensión por estar acusado en causa penal”.
Como antecedente, se apoya en el juicio por fraude electoral y acarreo de votos que la Fiscalía Local de Chillán llevó a cabo en contra de la exalcadesa de San Fabián de Alico, a quien fuera su cónyuge y a dos funcionarios.
Sin embargo, en ese año -el 2015- el Tricel de Biobío se negó a pronunciarse respecto a la suspensión de la jefa comunal “y eso es porque consideraban que tal resolución era competencia de la Contraloría”, recuerda el abogado Rodrigo Vera Lama, quien fue uno de los defensores en esa causa.
Fue en 2017, a raíz de un caso en el que se perseguía al alcalde de la ciudad de Puerto Varas, Álvaro Berger, en el caso llamado “Aguas profundas”, que la Contraloría resolvió que “debe ser un Juzgado de Garantía, y no ellos, quienes deben decidir la suspensión de un alcalde que esté bajo acusación penal”, completó Vera Lama.
Por tal razón, Díaz de Arcaya asegura que “esperamos tranquilos lo que resuelva el Tricel, porque el argumento que nosotros presentamos es sólido”.
Finalmente, descarta que ante un escenario desfavorable acudan al Tribunal Constitucional.
“Nosotros no estamos pensando en acudir a esa instancia, por el contrario, nuestros esfuerzos están enfocados en el juicio que aún continúa en Chillán”.
La otra: la remoción
Las expectativas también se han hecho parte del Concejo Municipal de Chillán Viejo.
En especial de cinco ediles que presentaron una solicitud de remoción del alcalde Aylwin por notable abandono de deberes, causa que -solo por mera coincidencia- apareció en tabla el mismo día en que se esperaba un pronunciamiento por la suspensión.
A la cabeza de esta solicitud está el concejal y abogado Esteban San Martín, para quien “más temprano que tarde el Tribunal Calificador de Elecciones va a confirmar la resolución y en ese orden de cosas, el Concejo Municipal tendrá que elegir a un alcalde suplente”.
Paralelamente, San Martín advierte que en caso de suspensión “el tribunal deberá resolver si el alcalde Aylwin debe devolver los dineros percibidos como concepto de sueldo, por el tiempo en que ha ejercido el cargo, a nuestro entender de manera ilegal”.
La Fiscalía y el Servel
Existe, por último, un tercer flanco de acción contra el alcalde Aylwin: El Servel.
Fue el propio fiscal de la causa de Chillán Viejo, Álvaro Serrano, quien la semana pasada le pidió al Juzgado de Garantía que cumpliera con notificar al Servel sobre la calidad de acusado en que se encuentra el alcalde.
Serrano, molesto por tal omisión del Juzgado de Garantía, la que calificó de “grave”, pidió al juez presidente de ese tribunal que “se tomen las medidas administrativas pertinentes”.
Como respuesta, el juez presidente, Manuel Vilches, le comunicó que la notificación al Servel se realizó esa misma semana.
Tal acción podría derivar en la pérdida de sufragio del alcalde con lo que automáticamente quedaría inhabilitado para ejercer como tal.
“Sin embargo esa resolución puede tomar meses, no es algo que normalmente se falle de un momento a otro. Y esperamos que el juicio que estamos realizando termine este mes”, anticipó su abogado, Julio Díaz de Arcaya.
Las últimas tres semanas
En lo relativo al juicio, que el jueves pasado se suspendió debido a que Aylwin debió viajar a Santiago para realizarse sus controles médicos (está afectado por una enfermedad renal), fue retomado el día de ayer.
Y continuó con más testigos de la Fiscalía, en especial más dirigentes vecinales a quien se les ha interrogado y contrainterrogado por las firmas falsas en actas de entrega.
Para esta semana se espera la declaración del comisario de la PDI, Daniel Naranjo, que podría ser determinante, tanto a favor o en contra, en el caso de la arista de simulación de contrato, que involucra a Aylwin.
Luego será la presentación de pruebas y testigos de la defensa por lo que se espera que el juicio, que ya lleva más de un mes en tramitación, termine en unas tres semanas más.