En los últimos días se han conocido fuertes alzas de los precios de las papas, lo que ha generado indignación en los consumidores, que no dudaron en denunciar una especulación de parte de los comerciantes.
Según Odepa, el volumen ofertado de papa en Chile ha caído 12% en los mercados y, a pesar de esto, en una semana los precios subieron sobre el 40%.
Y si bien se podría atribuir este aumento al sistema frontal que azotó a la zona centro sur del país, hay varios elementos que descartan ese factor, el primero, que la papa que se comercializa hoy es de guarda, vale decir, ya había sido cosechada y almacenada cuando se registraron las lluvias; y el segundo, que las papas provienen de zonas que no necesariamente se vieron afectadas por la emergencia.
Fue el propio ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien manifestó que “no existe ninguna razón para que la papa aumente en una semana un 43% ”. Por ello, postuló que podría existir una colusión para explicar el alza “irregular”, ya que, si bien el año pasado se observó un incremento de 50%, en dicha ocasión se atribuyó al explosivo aumento de los costos. De hecho, concurrió a la Fiscalía Nacional Económica, donde presentó los antecedentes, con el objetivo de que el organismo persecutor inicie una investigación para determinar un eventual delito de colusión.
En ese sentido, dado que en Chile existen más de 5 mil productores de papas, que es imposible que se puedan concertar para subir sus precios, la eventual colusión estaría radicada en algún punto de la cadena de distribución, donde el número de actores es más acotado.
El titular de Agricultura denunció que existen empresas que compran a productores a $8.000 el saco, y que buscan venderlos sobre los $30 mil, así como también se han conocido denuncias de distribuidores que habrían retenido la carga en mercados mayoristas.
De igual manera, el ministro pronosticó que la importación de papas desde Argentina permitirá elevar la oferta y hacer retroceder los precios.
En una economía libre, con libertad de precios, donde opera la ley de la oferta y la demanda, son muy pocas las herramientas que tiene el Estado para intervenir, y aunque sea moralmente inaceptable, la especulación no es un delito. De hecho, es la que mueve los mercados financieros y de los commodities, por ejemplo.
Por ello, más allá de denunciar una eventual colusión, que es casi imposible probar a menos que uno de los “coludidos” confiese, la clave es el fortalecimiento de la libre competencia, donde los consumidores tienen una responsabilidad y el Estado tiene el deber de ser garante de aquella libertad, fomentando el ingreso de nuevos actores en los eslabones con mayores niveles de concentración.
Por ello, cobra gran relevancia el acceso de los consumidores a información veraz y oportuna sobre los precios; y por otro lado, se hace más necesario fomentar los “circuitos cortos” de comercialización, donde se busca reducir la participación de intermediarios en la cadena, acercando a productores y a consumidores, una fórmula que se ha implementado con un éxito acotado en la pequeña agricultura.
Asimismo, se extraña una política pública que contribuya a fortalecer los cultivos tradicionales en Chile, como la papa, lo que no sólo beneficiará a miles de familias rurales, sino que a millones de consumidores.
