Para enfrentar el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado como primera medida de protección el lavado de manos. Aunque esta indicación puede parecer sencilla, para 18 mil personas que viven en diferentes comunas de la región es prácticamente imposible cumplirla.
A nivel país, son un millón de personas, principalmente de zonas rurales, que no tienen asegurado el acceso al agua potable. De ellas, un 58,8% se abastece por pozos, el 25,8% de aguas superficiales y un 15,4%, mediante camiones aljibes. Lo anterior implica que el acceso al agua se realiza de manera informal, en donde ni la calidad ni la cantidad de la misma son seguras.
Es también ampliamente conocido que existe una correlación casi perfecta entre carencia de agua potable y pobreza: de un total de ocho comunas con alta pobreza multidimensional en Ñuble, en las ocho tienen problemas de acceso a agua potable. Así, esta condición parece constituir una situación basal del resto de las vulnerabilidades sociales que viven las familias rurales de Ñuble, incluida la sanitaria.
El agua se utiliza para prevenir la expansión del virus, no solamente con el lavado de manos, sino también porque al presentar síntomas o derechamente contraer Covid-19, el agua es clave para profundizar la higiene necesaria en la persona afectada como en su cuidador, al igual que en el tratamiento aportando como otro tipo de medicina que ayuda a mantener la temperatura en niveles saludables.
Y si bien la escasez hídrica se ve agudizada por los efectos adversos del cambio climático, también es un hecho que muchas personas hacen un uso desmedido de este elemento, acostumbrados a su abundancia.
En una emergencia sanitaria como esta, es urgente que tanto las personas como la industria implementen medidas eficientes para hacer un uso correcto del agua que para otros es de difícil acceso.
La realidad que revela la pandemia ha estado presente por muchos años en nuestro país, pero ahora se nos muestra con nueva fuerza y gravedad. El hecho de que miles de habitantes se encuentren en una situación de acceso hídrico precarizado es otra variante de la injusticia ambiental que ha producido el modelo de desarrollo en Chile.
Por lo pronto, es necesario que el Gobierno genere soluciones rápidas de emergencia para estas 5 mil familias de nuestra región, aumentando los litros distribuidos y facilitando productos y artículos de sanitización y resguardo. Pero por otra parte, debemos preguntarnos cómo hacer que nuestro sistema sea más resiliente, equitativo y se encuentre mejor preparado para situaciones socioambientales que serán cada vez más desafiantes, sobre todo en contextos de crisis climática.
El mayor error a estas alturas sería salir de estos días oscuros e inciertos sin haber aprendido lección alguna, o sin haber transformado radicalmente la forma en que vivimos y administramos nuestros recursos naturales.
