Un reciente estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, titulado “Beneficiarios CAE: Egresos, Pagos y Sostenibilidad del Sistema”, encendió alertas sobre el impacto del Crédito con Aval del Estado (CAE) en regiones como Ñuble, donde una proporción significativa de deudores enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.
El informe, elaborado por los académicos Víctor Salas y Carlos Yévenes junto a un equipo de OPPES-USACH, analiza el comportamiento de los egresados, sus niveles de pago y las condiciones que afectan la viabilidad del sistema. Entre sus conclusiones, advierte que un segmento importante de beneficiarios no logra insertarse en empleos con ingresos suficientes para sostener el pago regular del crédito.
En Ñuble, el diagnóstico es especialmente complejo. La región presenta ingresos promedio más bajos y mayores niveles de informalidad laboral, factores que inciden directamente en la capacidad de pago. Según el estudio, el 33% de los beneficiarios mantiene morosidad de “tres o más cuotas”, el porcentaje más alto a nivel nacional. En contraste, solo el 28% se encuentra al día en sus pagos, siendo la segunda tasa más baja del país.
El análisis también revela que muchos egresados deben destinar una parte significativa de sus ingresos al pago del CAE, afectando su calidad de vida y limitando el acceso a bienes como vivienda o ahorro. Esta situación se agrava cuando los títulos obtenidos no se traducen en empleos estables o bien remunerados.
En términos estructurales, los investigadores advierten que, si bien el CAE permitió ampliar el acceso a la educación superior, hoy enfrenta serias tensiones de sostenibilidad, especialmente en contextos regionales vulnerables. La combinación de bajos ingresos, empleabilidad limitada y altos niveles de endeudamiento pone presión tanto sobre los deudores como sobre el sistema.
El informe concluye que, para más de la mitad de los beneficiarios de menores ingresos, el CAE no ha significado una mejora efectiva en su situación económica. “Para los quintiles más bajos, el crédito puede no haber sido un mecanismo efectivo de movilidad social”, señalan.
Este diagnóstico cobra relevancia en el actual escenario político, tras el anuncio del Gobierno de reactivar los cobros. Desde Hacienda, el ministro Jorge Quiroz afirmó que la morosidad ha crecido significativamente, pasando de $500 mil millones en 2017 a cerca de $4 billones en la actualidad.
El economista Víctor Salas sostuvo que el sistema es “insostenible” y planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento, mientras que el académico Mario Sobarzo criticó el alto costo del CAE, señalando que sus falencias responden a problemas estructurales del sistema.
De esta forma, el estudio abre el debate sobre la urgencia de reformar el financiamiento estudiantil, incorporando criterios de equidad territorial y justicia social, especialmente en regiones como Ñuble, donde la deuda sigue siendo una carga persistente para miles de profesionales jóvenes.
