Las graves consecuencias de las intensas lluvias registradas los últimos días han vuelto a mostrar una de las grandes debilidades que tiene Chile y, particularmente, nuestra región: la ausencia de una adecuada planificación territorial.
Lamentablemente, lo mismo hemos dicho en situaciones similares, y sin embargo, muy poco se ha avanzado en elevar los niveles de seguridad respecto de la distancia entre edificaciones y la ribera de los ríos. Lo mismo ocurre con las prohibiciones de construir en zonas de inundación o en sectores sin adecuada urbanización.
Cada una de estas situaciones tiene una ley que la prohíbe o regula, de modo que el problema no está en que falten normas, el problema es que las leyes no se cumplen y quienes son llamados a hacerla cumplir no hacen su trabajo.
Solo así se explica que muchas de las viviendas que resultaron inundadas por la crecida del río Ñuble se encontraran a menos de los 15 metros de distancia de la ribera, como exige la ley. O que la salida del río Chillán afectara viviendas construidas en parcelaciones irregulares, cuyos propietarios -por ignorancia, desidia o engaño- no consideraron mapas de riesgo hidrológico que recomiendan no edificar en ese lugar. O que los ríos volvieran a su cauce histórico después de sucesivas intervenciones derivadas de la extracción ilegal de áridos.
Ñuble es una región altamente vulnerable frente a las amenazas naturales a las que está expuesto su territorio y que como un bucle reaparecen en nuestra historia. En el pasado fueron los terremotos y las erupciones volcánicas; hoy son las crecidas de ríos e inundaciones que se ven favorecidas por una alta concentración de precipitaciones en la zona cordillerana, y por las características geográficas de nuestro territorio, cuyo poblamiento y desarrollo de actividades económicas se han concentrado en las llanuras fluviales. Además, registros históricos demuestran que más del 70% de las inundaciones en esta zona han sido causadas por eventos hidrometereológicos extremos.
Y si en este momento la atención está puesta en las más de 4 mil personas damnificadas, por la recurrencia de estos fenómenos y por el riesgo que existe para miles de personas más en Ñuble, la planificación territorial también deberá tener su tiempo y hacerse cargo de la regulación y fiscalización de la ribera de los ríos, tal como lo hacen actualmente los planes reguladores comunales respecto del crecimiento urbano.
El drama que se ha vivido los últimos días no puede dejar indiferente a nadie. Por ello, después de atender la emergencia e independiente de lo que se pueda avanzar en materia legislativa para contar con normativas modernas y eficientes para prevenir y enfrentar emergencias, la Región de Ñuble debe abordar como una de sus tareas prioritarias una adecuada planificación territorial para convivir con fenómenos naturales extremos, en lugar de solo resistirlos.
