El rápido crecimiento del número de vehículos en circulación en la Región de Ñuble (más de 100 mil) no ha sido acompañado por las necesarias inversiones en la red de caminos y carreteras. Esta mora se advierte claramente en el deterioro del mantenimiento y en el aumento de los accidentes en rutas que no responden ni en capacidad ni en diseño a un tráfico que las supera. De hecho, todas las principales rutas de la región aún permanecen como vías de solo dos carriles, usada intensamente no solo por automóviles, sino también por un tránsito de cargas que ha crecido fuertemente en consonancia con la producción forestal y agrícola.
La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), al igual que encuestas a automovilistas y choferes del transporte de carga y pasajeros, han identificado los caminos más peligrosos de la región, y el ranking lo encabeza la ruta N-59 que une a Chillán con Yungay. La también llamada “ruta de la muerte” -calificativo que indigna a los habitantes de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay y atemoriza a muchos otros que por ella circulan- se ha ganado su reputación por la trágica sucesión de accidentes fatales, que suman más de 50 personas en la última década y configuran una de las tasas de fallecidos más altas del país, considerando la relación entre cantidad de muertes y cantidad de vehículos que por ella circulan.
En su extensión de 63,21 kilómetros abundan las curvas peligrosas con radios de giro insuficiente, especialmente para los camiones y buses interurbanos, y si a ello se suma una pésima mantención, el resultado inevitable es el aumento exponencial de la siniestralidad.
Por eso cuesta entender que la renovación de esta ruta siga postergándose, como denunciaron alcaldes y personeros de la oposición, después de reunirse con autoridades del MOP. La mala noticia es que hay un nuevo cronograma que sitúa el término de las obras en 2030, lo que significa sumarle otros cuatro años a un proyecto que ya había sido miserablemente fraccionado y planteado por etapas, y que debía concluir en 2026, según el compromiso del Gobierno, expresado en 2019 por el exseremi de Obras Públicas y actual Intendente, Cristóbal Jardúa.
Está demostrado que siete de cada ocho muertes se evitan con rutas bien diseñadas y sometidas a mantención permanente. Aquí por el contrario se ha optado por parchar baches y plagar el camino de carteles de peligro que no representan otra cosa que la confesión explícita del Estado por no brindar un servicio seguro.
La gravedad del problema exige liderazgos locales que sepan representar la urgencia de este proyecto y ejercer influencia ante el nivel central para su solución. Esta es otra de las cuestiones que reclama un cambio y que se agrega a la lista de urgentes tareas que deberá asumir el próximo gobierno regional.
