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Después de casi cinco meses de retraso en el proceso penal administrativo de Osvaldo Salgado, exrector de la Catedral, excapellán del Colegio Seminario Padre Hurtado, fundador de la Villa Jesús Niño y de los grupos scout San Bartolomé y San Bernardo, además del grupo del Colegio Padre Hurtado, el Obispado de Chillán comunicó que fue sancionado con la pérdida de su condición de sacerdote. “El administrador apostólico ha determinado como pena la pérdida del estado clerical del sacerdote, luego que fuera hallado culpable de abuso sexual contra menores. Para imponer esta pena, se ha recibido la autorización de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dicasterio que ha estudiado la documentación del proceso penal y antecedentes anteriores enviados desde la Diócesis”, explicó el Obispado a través de un comunicado.
Las denuncias
“La investigación canónica fue enviada a la Santa Sede a mediados del 2018, luego de lo cual la Congregación para la Doctrina de la Fe derogó la prescripción de los eventuales delitos, cometidos entre 1985 y 1991. El proceso penal administrativo, además de la denuncia que dio origen a la causa, incorporó otras dos denuncias y diversos testimonios que han llevado a declarar al sacerdote, de acuerdo a la normativa de la Iglesia, culpable de delicta graviora contra sextum cum minoribus (delitos graves contra menores)”.
La primera denuncia que recibió el Obispado de Chillán fue en 2012, cuando una de sus víctimas, exalumno del Colegio Seminario Padre Hurtado lo denunció a la justicia civil y eclesiástica por abusos ocurridos cuando tenía 11 años.
El modus operandi del exsacerdote era el mismo con todas su víctimas: escogía a niños que tenían alguna dificultad familiar, se ganaba su confianza y luego comenzaban los abusos. Solía llevarlos a jugar a su casa en la Catedral, ubicada a cuadras del colegio, a jugar Atari o Nintendo, y le pedía a su asesora del hogar que les prepararan comidas. También los llevaba a Colonia Dignidad, en las fichas recopiladas se encuentran fotos y registros del sacerdote, quien iba vestido de civil.
El Obispado de Chillán determinó en 2014 que los abusos eran ciertos, pero el obispo Pellegrin solo lo comunicó el año pasado tras la publicación del caso en LA DISCUSIÓN. La segunda denuncia fue recibida por Pellegrin el año pasado, y corresponde a una víctima ya fallecida, abusada a los 11 años y representada por un familiar. El ahora obispo emérito envió los antecedentes que involucraban a Salgado y a Francisco José Cox al Vaticano.
La tercera fue recibida por la PDI y el Obispado en octubre del año pasado. Su denunciante incluso presentó pruebas en que Salgado reconocía los abusos. “Si encuentras que debes acusarme, hazlo, lo aceptaré como justo castigo por la torpeza que cometí contra ti”, le dijo Salgado en un mensaje escrito. Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 10 años.
Los tres denunciantes en diciembre del año pasado entregaron su testimonio al proceso penal administrativo a cargo del sacerdote de la Arquidiócesis de Concepción, Claudio Soto. Todos corresponden a casos de exalumnos del Colegio Padre Hurtado.
La familiar de la víctima ya fallecida enfatizó que “queremos saber cuál va a ser la sanción, porque que esté sentado en su casa rezando no nos sirve. Pedí justicia, y no basta con que lo destituyan. Tampoco comprendemos cómo pueden permitirle vivir frente al colegio de los niños que abusó (Colegio Seminario Padre Hurtado). Nos parece bien que haya perdido el estado clerical, pero no es suficiente”.
La familiar planteó que “también creemos que se debería investigar a los encubridores de este caso, al obispo emérito fallecido (Alberto Jara) y a funcionarios que trabajaron en la administración de Jara, quienes tuvieron conocimiento de los abusos y no creyeron, y que participaron de los homenajes del obispo encubridor. Como familia nos preguntamos por qué la administración del Obispado no comunicó esto si lo sabía desde la semana pasada, lo hizo para no empañar el funeral de Alberto Jara, lo que es una pena para nosotros”.
Y agregó: “¿Cómo es posible que el administrador apostólico hable de reparar el daño?, ¿cómo vas a reparar el daño de una persona que vivió toda su vida mortificada porque fue violada y ya falleció? Eso es imposible”.
Pilar Gutiérrez, abogada de la Comisión de Apoyo Integral a Víctimas que funciona con independencia del Obispado y la Red Laical, consideró que “tenemos sensación de alegría por las víctimas que han esperado durante tanto tiempo para este momento, después de que muchos les dieron la espalda y dudaron de sus denuncias, empujándolos incluso a realizar actos contra su propia integridad. Pero no podemos dejar de manifestar nuestra molestia por el tiempo en que esto ocurre. Nosotros teníamos noticia hace ya varios días, y no podemos sino presumir que los sacerdotes Luis Flores y Pérez de Arce retardaron la oficialización de esta noticia para no empañar los homenajes a Jara Franzoy”.
Marcial Sánchez, doctor en Historia experto en Iglesia, analizó que “quitar el estado clerical a cualquier sacerdote es la sanción más drástica que se le puede hacer, y es la sanción que ha tomado el Vaticano con respecto al exsacerdote Salgado, pero es lo mínimo que puede hacerse con respecto a un abusador de la talla de Salgado, por tanto era lo esperable. Una persona como Salgado que abusa como capellán de un colegio es una dinámica de las más diabólicas, porque está trabajando con los niños y en base a eso comete los abusos. Se está haciendo justicia con las víctimas, el administrador apostólico está haciendo lo que tenía que hacer”.
En tanto, Ramón Solá, vocero de la Red laical Chillán, comentó que toman la noticia “por un lado con satisfacción, saber que por fin salió el resultado de la investigación canónica de Salgado y que le haya sido aplicada por el administrador apostólico la máxima pena que se puede emitir. Pero quedan todavía pendientes, tal como se lo hemos hecho ver al administrador, el caso de Toro y San Martín, que están pendientes en la justicia canónica, por lo que esperamos que pronto haya luz sobre esos temas. Por otro lado nos acongoja que durante tanto tiempo en la Diócesis ocurrieron estos hechos, en el caso de Salgado, una persona tan ligada a las instituciones, a la Diócesis, a la gente y al ámbito educacional. También queda pendiente el caso Bravo, en que la Fiscalía ha actuado con lentitud”.
Alejandro Rivas, presidente del Centro de Padres del Colegio Padre Hurtado, manifestó que “la sanción es la que corresponde. Este es un caso muy complejo que afectó a nuestros exalumnos, y es más complejo porque él siempre vivió al lado del colegio y lo sigue haciendo. Estamos del lado de las víctimas de abusos sexuales y de poder, porque esta institución también ha sufrido abusos de poder de la administración del obispo Pellegrin. Esperamos que la Iglesia repare todos los abusos”.
El abogado canónio que representó a Salgado, el sacerdote Mauricio Zapata, afirmó que “como defensor no estoy conforme porque nosotros presentamos argumentos para que el padre no fuera sancionado. Si yo defiendo a alguien yo le creo a la persona, yo le pregunté a él y me dice que es inocente, y yo como defensor le creo”. El sacerdote tiene 10 días para presentar una apelación.
