El espacio público y el respeto sobre la arquitectura que lo ocupa -sobre todo si esta tiene un alto valor patrimonial, como ocurre con los edificios modernistas de Chillán- son los parámetros que mejor definen la esencia de una ciudad. Su importancia trasciende lo estético, para convertirse en la radiografía de la sociedad que allí vive.
Desde esa perspectiva, algunas imágenes que nos arroja Chillán no pueden tenernos muy conformes y así lo demuestra la ciudadanía a través de diferentes instancias y plataformas, donde han manifestado que uno de los peores defectos de la ciudad son los enjambres de cables en desuso que cuelgan de los postes.
El problema es de larga data, con varios intentos de solución frustrados, al punto que hoy se estima que un 60% de todo el cableado de la ciudad es basura. El último intento fue en 2014, cuando se intentó elaborar una ordenanza municipal que obligara a las empresas a hacerse cargo de sus conexiones en las nuevas urbanizaciones, mediante el soterramiento.
Tal iniciativa no prosperó, y diez años después la Municipalidad vuelve a enfrentar el problema, también con una ordenanza municipal, pero con un foco distinto y algunos precedentes judiciales que respaldan su intervención en esta materia.
La idea original era facultar al municipio para demandar y multar a las empresas de telecomunicaciones que aún mantengan cables que no presten utilidad en el tendido público, sin embargo, durante su análisis y discusión se atenuaron tales expectativas, en atención a la jerarquía normativa de las ordenanzas.
Finalmente, el pasado miércoles, por unanimidad, el Concejo Municipal de Chillán aprobó la ordenanza de retiro del llamado “escombro aéreo”, que le da a las empresas propietarias del cableado en desuso 120 días de plazo para el retiro. Si no lo hacen, es la propia municipalidad la que realizará la remoción y le pasará la cuenta a la firma responsable.
Sobre este último punto hay algunos precedentes judiciales favorables para la nueva ordenanza local, ya que la Corte Suprema ha ratificado en un par de casos multas que superan el costo de los trabajos de retiro, convirtiéndose en una real motivación para las empresas.
Sin embargo, también es previsible que en Chillán -como ha ocurrido en otras ciudades que han intentado regular este problema- un importante porcentaje del cableado basura no tenga un responsable conocido, lo mismo que existan compañías que no quieran pagar los costos del retiro, lo que terminará en disputas en tribunales que además de extensas y costosas, conllevan la posibilidad de perder. El imperio jurídico de las ordenanzas municipales es reducido y hay un importante sector de la academia y de la judicatura al que no les gusta porque consideran que desbordan el ámbito de competencia de la actividad regulatoria municipal.
Es claro que en este tema, la nueva normativa local es un positivo avance, pero será insuficiente si no hay una respuesta socialmente responsable de las empresas de servicios que han generado la inmerecida contaminación visual que afecta a nuestra ciudad.
