Tras un trabajo realizado con el departamento de Jurídica, de la Municipalidad de Chillán, el Concejo Municipal espera revisar la próxima semana la nueva ordenanza con la que se faculta al consistorio demandar y multar a las empresas de telecomunicaciones que aún mantengan cables que presten utilidad alguna en el tendido público.
La ordenanza, que se basa en la legislación del 2016 (ley 18.168) modificada en 2019, sobre este tipo de “escombros aéreos”, encontró un fuerte apoyo en la Corte Suprema esta semana, ya que en un fallo inédito aplicó una infracción de $36 millones a la empresa Movistar que se negó a retirar su cableado en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.
“Y de esta manera, ya no será negocio para ellos”, explicó el concejal Pedro Sánchez, uno de los autores de esta nueva ordenanza.
El edil añade que “sabemos que para ellos el retirar esos kilómetros y kilómetros de cables es costoso, pero ya con este fallo la ordenanza establece que en caso de incumplimiento y tras un plazo vencido, será la misma Municipalidad la que los retire, pero con cobro a la empresa”.
Fue en febrero del año 2019, que tras diversas presiones por parte del municipio local y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, algunas empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar, por primera vez en Chillán, el retiro de los cables en desuso desde el tendido eléctrico.
Los trabajos comenzaron en calle 5 de Abril, entre Libertad y Arturo Prat se llegó a retirar cerca de 39.608 metros de material con un peso de 3437, 5 kilos ”. Sin embargo, el plan que se había programado para concluir a fines de ese año quedó inconcluso.
La razón fue que las empresas que formaron la mesa de trabajo original con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, esto es Movistar, Claro, Entel, Telefónica del Sur y VTR, entre otras, acusaron que había una gran cantidad de cables, que al no contar con distintivos, era imposible reconocer como de su propiedad, y las faenas sencillamente se suspendieron.
Ya con la medida coercitiva “inaugurada”, para el concejal Joseph Careaga “las cosas cambian para ellos (las empresas) porque todos sabemos que antes preferían no acatar y pagar las multas que costear el retiro, sin embargo, esos $36 millones que la Corte Suprema les ordenó pagar se pueden multiplicar por las decenas de comunas que tienen este mismo problema. Ahora, la multa saldrá mucho más cara que el retiro”.
La tarea de reconocer los cables
La actual ley le atribuye a los operadores de telecomunicaciones la responsabilidad de, una vez instalados sus cables, el identificacarlos, modificarlos, mantenerlos, ordenarlos, trasladarlos y retirarlos cuando corresponda, ya se trate de cables aéreos o soterrados.
Pese a esto, en el caso de lo ocurrido en La Reina, la empresa estuvo cerca de tres años apelando y recurriendo de las multas municipales, llegando el caso al Tribunal Supremo.
Tras el fallo, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, dijo que “estamos marcando un precedente a nivel nacional, ya que ganamos ante la Suprema”.
La nueva ordenanza chillaneja, “tiene su base en las ordenanzas que ya están vigentes en las comunas de La Reina y de Las Condes. Y ahora con este fallo, vemos muy concreta la posibilidad que nosotros podamos ya comenzar con las demandas en contra de las empresas que se declaren en rebeldía. La comuna de La Reina ya lleva sobre $1000 millones en multas a las empresas que están en esta situación y se decía que casi el 80% de los cables de La Reina, son escombro aéreo, por lo que suponemos que acá no debe ser tan distinto”, advirtió el concejal Patricio Huepe.
Sin embargo, una de las grandes barreras que supuso el fallo fue la dificultad para conseguir evidencia que demostrara técnicamente que los cables sobrantes del tendido eran, en efecto, de la empresa demandada y no de otra compañía.
Fue esa falta de distintivos la que las defensas de las compañías argumentaron para evitar sanciones.
Consultado al respecto, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, dijo que “esas dudas se pudieron finalmente resolver en las ordenanzas ya existentes en otras municipalidades. Para eso es necesario contar con un equipo técnico especialista en este tema, y nuestra municipalidad cuenta con tres de estos profesionales. Evidentemente, que es fundamental poder tener esto resuelto para evitar extendernos en algún litigio”.
Finalmente, el alcalde explicó que ya con la ordenanza aprobada y promulgada, será cosa de meses para que ya las empresas involucradas comiencen a trabajar en el retiro de los escombros aéreos.
“La idea es que ya para el próximo año comience este proceso, que es tan importante para la descontaminación visual de la ciudad. Hoy no podemos aceptar esas toneladas de cables que no prestan ninguna utilidad sigan afeando nuestra ciudad, y si todo sale como esperamos, en menos de un año, ya podríamos haber superado ese problema”, concluyó.
