Desde hace tiempo se observa una preocupación cada vez mayor por parte de la comunidad respecto de las externalidades negativas que generan algunos locales comerciales, específicamente, aquellos de expendio de alcoholes.
Además, el tema está cruzado por el hecho de que Chillán tiene más patentes de alcoholes que las permitidas por ley. No tantas como hace una década, pues se han caducado más de 1.800 patentes de alcoholes en la comuna de Chillán, pero igual la ciudad supera en al menos 150 permisos lo establecido por la Ley 19.925, vigente desde 2004, que equivale a un local por cada 600 habitantes.
Lo concreto es que tanto vecinos como concejales se han mostrado partidarios de regular el funcionamiento de estos establecimientos, más allá de la regulación que se señala en la propia Ley de Alcoholes, que justamente faculta a los municipios para dictar ordenanzas específicas que regulen o restrinjan el horario de funcionamiento, así como su ubicación y la entrega de patentes.
Precisamente, esta facultad es la ha motivado a un grupo de concejales encabezados por los ediles Joseph Careaga (presidente de la Comisión de Alcoholes) y Quenne Aitken (presidente de la Comisión de Seguridad), realizaron una mesa de trabajo en conjunto con el Senda Chillán y la Dirección Municipal de Seguridad, para avanzar en fiscalizaciones que les permita regular al máximo la actividad, mientras se elabora la nueva ordenanza.
El último antecedente en esta materia data de 2015, sin embargo, pese a que fue el resultado de casi tres años de análisis, debate y cabildeos, la implementación de esa ordenanza de alcoholes no dejó conforme a nadie y prácticamente no se aplicó en el ámbito de la fiscalización.
Un punto clave, para los actuales ediles, es conocer en detalle la ubicación de las patentes actualmente entregadas, para así determinar cuáles son los barrios más saturados. Con ese insumo, tendrían mayores argumentos a la hora de permitir o rechazar nuevas patentes o la renovación de las mismas.
Existe la idea, que la concentración de locales ha generado más de un problema de ruidos molestos y de desórdenes en la vía pública, sin embargo, tal diagnóstico -acertado en el caso de sectores residenciales- no puede desconocer que la concentración también es positiva, si lo que se quiere es zonificar la distribución de dichos establecimientos. En términos de logística policial, es mucho más eficiente la concentración cuando se requieren patrullajes constantes, especialmente los fines de semana, cuando aumenta la afluencia de público. Igualmente, el mejoramiento de los niveles de seguridad, así como el control de los desórdenes en la vía pública, no se solucionan limitando el horario de funcionamiento, ya que las riñas se pueden producir tanto a las 2 como a las 5 de la mañana.
Por ello, es conveniente escuchar a la comunidad, pero también a los empresarios y administradores de locales al momento de debatir este tema.
Es de esperar que los ediles, que se han propuesto dotar a la ciudad de una reglamentación clara y moderna para esta materia, actúen en consecuencia, pensando en el largo plazo, y no sobre la base de la coyuntura y la eventual presión de algunos grupos de interés.
