El Juzgado de Garantía de Bulnes, mediante la juez titular, magistrado Claudio Aguayo, decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra del alcalde de la comuna de Ñiquén, Manuel Pino, a quien el Ministerio Público formalizó a las 11.00 horas, por dos delitos de cohecho que se enmarcan dentro del denominado caso “Cuentas Corrientes”.
El jefe comunal se transforma de esta manera en el octavo imputado de esta causa, que versa sobre delitos de sobornos, cohecho, violación de secreto y fraude al fisco, en el contexto de licitaciones para consultorías financieras adjudicadas por la empresa Gestión Global, perteneciente al empresario Rodrigo Carmona, actualmente en prisión preventiva.
Pese a que en la primera audiencia de formalización por esta causa, al alcalde de San Ignacio, César Figueroa, se le imputaron los mismos cargos que a su par de Ñiquén, Figueroa hoy esté en prisión preventiva; mientras que Pino -si bien está privado de libertad- está en su domicilio y no en la cárcel.
Esto se explica, conforme a lo emitido en un comunicado de la Fiscalía Regional de Ñuble, porque “el imputado se presentó voluntariamente ante la PDI y ha prestado colaboración con la investigación. Además, Manuel Pino quedó con las medidas cautelares de prohibición de salir del país, de acercarse a la municipalidad y de contactarse con los demás imputados de esta causa”.
Coincidentemente, los otros dos imputados que también prestaron declaración ante la fiscalía, Edgardo Suazo (jefe de gabinete de San Ignacio) y Carlos Fernández (administrador público de Ñiquén), también fueron objetos de la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Solo el jefe de finanzas de San Ignacio, Hugo Troncoso, quedó con medidas de menor intensidad, como el arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse al municipio.
Aunque los alcances de esta investigación se extiende también a la Municipalidad de Graneros (Región de O’Higgins), aún no hay detenidos en ese consistorio por esta causa.
Traslado de penitenciario
Los imputados en prisión preventiva hoy son cuatro: Rodrigo Carmona y su asistente, Rodrigo Sandoval; el alcalde Figueroa y el director municipal de Salud, Krysler Monroy.
Pese a que finalizada la audiencia del pasado lunes fueron todos trasladados a la cárcel de Chillán, a los pocos días y mediante la gestión de sus defensas, fueron derivados al penal de San Carlos, que es una unidad de menor nivel de peligrosidad.
En lo que respecta al alcalde Figueroa, su representante, el defensor regional, Marco Montero, consiguió que a partir de la próxima semana, en caso de mantenerse la cautelar, sea trasladado al plantel penitenciario de Yungay.
Para esto será clave la audiencia de revisión de cautelares que se llevará, respecto de estos cuatro imputados, en el Juzgado de Garantía de Bulnes, el próximo día lunes.
Marco Montero, en conversación con La discusión, dijo que “estimamos que los antecedentes expuestos por la fiscal (Nadia Espinoza) no revisten el carácter, la fuerza ni la entidad necesaria para dar por justificada la participación en este caso de mi defendido en estos hechos”.
El defensor añadió que, respecto a las imputaciones por fraude al fisco, “creemos que la licitación pública a la que alude la fiscal no tiene el carácter de ideológicamente falsa y por consiguiente tampoco tendrían el carácter de fraudulento los pagos que se habrían realizado con ocasión de esa licitación pública, realizada también en términos lícitos”.
La audiencia es este lunes a las 11.30 horas.
