En algunos proyectos urbanos que ha tratado de ejecutar este año la Seremi de Vivienda y Urbanismo en Ñuble, como la ampliación de avenida Huambalí o las ciclovías en Sargenta Aldea y Reloncaví, se han presentado problemas con la comunidad. Donde tanto vecinos, como las autoridades, han aquejado una falta de instancias de participación ciudadana para discutir dichos proyectos.
En el caso de Huambalí, el conflicto se ha concentrado en las familias que todavía no han podido desalojar sus hogares. En este sector, el proceso de sociabilización del proyecto con la comunidad comenzó en el año 2020 y se definió la entrega paulatina de los terrenos para finales del 2021.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Sin embargo, a la fecha, aún hay familias con las cuales no se ha llegado a acuerdos, principalmente porque sus nuevas construcciones no están terminadas para mudarse.
Una de las representantes de los vecinos que están pendientes de entregar sus propiedades detalló que tuvieron pocas instancias de participación para discutir el proyecto y que es por ello que han sentido que fue una medida injusta.
“Hubo una reunión donde se nos planteó el proyecto y todo lo demás, pero fue una en el año. Después la participación de los vecinos fue nula, cuando el proyecto ya fue declarado y tenían el video listo, nos juntaron de nuevo para mostrarlo, pero ya no hubo oportunidad de discutir nada”, señaló María Eugenia Sandoval, vecina del sector.
Una vez que fueron informados, se desarrollaron cerca de tres encuentros virtuales con el entonces representante de la Junta de Vecinos, pero la comunidad en general no se sintió considerada.
Es por ello, que María Eugenia junto a otros propietarios decidieron contactar a un abogado para que los asesorara durante el proceso, la residente explicó que “el año pasado pedimos al alcalde que hubiera una reunión con Serviu en el teatro y ahí recién nos dieron respuestas de muchas preguntas que teníamos, pero el proyecto ya estaba encaminado. ¿Qué sacábamos a esa altura? Por lo mismo pusimos abogado porque encontramos muy injusto todo.”
Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo detallaron que existieron instancias de participación con la comunidad en Huambalí, con reuniones de carácter presencial y virtual, incluso con grupos pequeños para cumplir con los aforos que permitía el Ministerio de Salud, ya que la mayoría se desarrolló en pandemia. Además, hasta el momento, el plazo de desalojo se extendió hasta noviembre de este año.
Sin consenso presencial
En el caso de Reloncaví, el problema se ha concentrado por la ejecución de una nueva ciclovía en el sector. De hecho, hace poco más de dos semanas se vivió una tensa reunión entre los vecinos y autoridades de las seremis de Vivienda y de Transportes.
La presidenta de la Junta de Vecinos Villa Chiloé, Gema Cottet, argumentó que esta actitud se debió a que “realmente ellos no nos avisaron, vinieron cuando estaba todo listo y por eso fue que la gente se enojó, sumado a que no quieren que saquen las liebres. Nosotros tuvimos una reunión antes de la que tuvimos con el seremi y ahí nos dijeron que ellos se habían tratado de contactar con la gente, pero vino la pandemia y que solo se pudieron contactar con algunos sectores nomás”.
Sobre esto último, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchant, admitió que los procesos de Participación Ciudadana (PAC) se vieron afectados por la pandemia, “debido a la dificultad de poder reunirnos con la comunidad de manera directa, se hizo todo lo posible para contactar a la comunidad por medio de RRSS, correo, llamadas, WhatsApp pero existía un desconocimiento también en cuanto a la conectividad y al uso de las plataformas. Los problemas de conectividad asociado, principalmente al rango etario de los actores involucrados en los proyectos”.
Este último factor influyó en la Villa Chiloé ya que predomina la población de adultos mayores. En este sector, el seremi informó que se llevaron a cabo cuatro instancias de PAC, pero sólo a nivel telemático puesto que el estudio comenzó al inicio de la pandemia.
Desde los vecinos manifestaron que “en el futuro esperamos que mínimo nos den un aviso, que podamos hacer una reunión y que venga una persona y nos informe bien. Eso es lo ideal, aquí los vecinos se enojaron porque se sintieron pasados a llevar”, declaró la dirigente.
En estos casos la académica de la Universidad de Concepción y doctora en Gobierno y Administración Pública, Ximena Muñoz, explicó que lo ideal es generar espacios de participación presenciales, pero que lo más importante es garantizar unos principios para que efectivamente las personas puedan participar. “Uno de los principios es que la institucionalidad que abre este espacio entregue toda la información relacionada. Por ejemplo, los pro y contra de la ciclovía. Se deben identificar a todos los actores que esto afecta y después se deben convocar, pero no obligar”, precisó.
La experta añade que el principio de equidad es fundamental para que un PAC sea exitoso “primero, se debe tener claro que hay ciertas temáticas técnicas que no todos manejan, hay que poner ese piso mínimo, y otro tema es que a veces a las administraciones se les olvidan los tiempos porque se abren espacios bien intencionados, pero en horarios hábiles, donde la gente no puede asistir. El tema del momento en que se convoca es fundamental”.
Al no cumplirse estos principios, la académica analiza que es muy probable que termine en manifestaciones o conflictos ya que la comunidad termina sintiéndose excluida de estas decisiones. “Antiguamente la ciudadanía se le informaba una decisión y se quedaba tranquila, hoy la administración debe entender que no se queda tranquila y quiere ser incorporada en las distintas decisiones”, finalizó.
Participación post pandemia
Con respecto a la menor participación ciudadana durante los últimos dos años, la directora de DIDECO, Zoraya Martínez, enfatizó en que esto es consecuencia de las medidas restrictivas sanitarias que se aplicaron en su momento y en el cual los aforos jugaron un importante rol. “Evidentemente ante una situación de confinamiento las personas estaban obligadas a no participar, nos tuvimos que quedar en nuestras casas. En general la relación cara a cara se suspendió, por lo tanto, los procesos participativos de manera presencial no se realizaron por casi dos años y la participación se comenzó a generar a través de plataformas, lo cual fue una oportunidad para acortar una brecha digital que existía entre gran parte de la población que tuvo que aprender”, manifestó Martínez.
Por su parte, el seremi Antonio Marchant, declaró que “ahora nos encontramos en un escenario completamente diferente, por lo que hemos retomado todas las participaciones ciudadanas con la comunidad. Hemos realizado nuevas instancias, recorridos con la comunidad por los proyectos que nos encontramos ejecutando, realizando visitas a las viviendas de las familias y en continuo contacto con cada una de las personas que se encuentran dentro de nuestros proyectos y futuras intervenciones”.
Sobre los efectos de la pandemia en la participación ciudadana, Muñoz explicó que no se puede ser categóricos ya que se demostró que a través de las plataformas también se puede hacer participación ciudadana, aunque se debe considerar el perfil de la gente por el rango etario o el acceso a las tecnologías.
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