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Chile debe garantizar un financiamiento “adecuado, equitativo y sostenible” para la salud y alinear su Constitución con las normas internacionales de derechos humanos, señaló la relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.
“Aunque la constitución chilena se refiera al derecho a elegir el sistema de salud, no garantiza el derecho a la salud en sí mismo”, añadió la relatora, que instó al país a “ajustar” su carta magna a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para asegurar la igualdad de acceso a la salud.
Según la experta, “los grupos poderosos que representan intereses creados en el sector de la salud con fines de lucro tienden a funcionar sin las necesarias salvaguardias de los derechos humanos en Chile”.
“Escuché en repetidas ocasiones el preocupante sentimiento de que, en Chile, la salud no es un derecho, sino un negocio”, dijo Mofokeng sobre el sistema sanitario del país, sumido en una crisis desatada por los cobros excesivos de las isapres a sus afiliados, que protagonizaron un éxodo masivo al sistema de salud público en 2022.
Los largos tiempos de espera en los servicios públicos, que afectan a más de 2,5 millones de personas según datos del Ministerio de Salud, fue uno de los principales problemas abordados durante la visita de la relatora.
Además, alentó al Congreso de Chile a modificar la ley de aborto, que solo permite la interrupción del embarazo cuando hay riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto o el embarazo es producto de violación, porque considera que las “restricciones legales vulneran el derecho a la salud al limitar el acceso a abortos oportunos y seguros”.
