Señor Director:
Las críticas irreflexivas e innecesariamente odiosas que ha despertado en cierta izquierda la designación de la futura ministra de la Mujer, basadas en su condición de evangélica, no solo están completamente fuera de lugar, sino que desnudan con peculiar crudeza la real catadura moral de quienes las profieren.
Una convicción religiosa entraña adherir a una verdad trascendente, absoluta, sustantiva, de la que derivan una cosmología, una antropología, una determinada visión de la sociedad. Para quien tiene un compromiso con sus exigencias, inevitablemente dicha verdad informa también su manera de entender y asumir la interacción con los demás, así como el ejercicio mismo de la función pública, si es el caso. Independiente de si alguien es creyente o no, la religión es un poderoso manantial de sentido vital y trascendencia para quien la profesa, y un fecundo afluente de valores y sentimientos unitivos e integradores para el conjunto de la sociedad.
Una sociedad democrática se enriquece cuando quienes desempeñan funciones públicas de conducción están inspirados en convicciones religiosas, porque es notorio que las solas reglas de la democracia son insuficientes para llenar de sentido las trayectorias vitales de las personas, y a la vez conferir un sentimiento de comunidad y cohesión a la convivencia, evitando el descarrío del relativismo. Quien adhiere a una religión no puede desdoblarse al punto de poner entre paréntesis o desprenderse de las creencias fundamentales de su vida, para actuar en la esfera pública conforme a una artificiosa asepsia espiritual que le arranca autenticidad. Al exigir semejante torsión interior, se comete un salto ilegítimo e inconveniente: elevar las reglas en que descansa el régimen democrático a la categoría de religión, lo que desde luego tampoco parece procedente.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Abogado
