La catástrofe por incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble reabrieron el debate sobre las condiciones de prevención existentes en el país, particularmente en lo relativo a la implementación de cortafuegos.
Pese a tratarse de una herramienta ampliamente utilizada para reducir la propagación del fuego, en Chile su aplicación no está regulada por una normativa general y obligatoria, sino que depende de disposiciones parciales, recomendaciones técnicas y exigencias específicas asociadas a determinados proyectos o actividades.
En la práctica, esto se traduce en criterios dispares respecto de su diseño, ancho, ubicación y mantención, especialmente en sectores de interfaz urbano-rural, donde la cercanía entre áreas habitadas y vegetación combustible incrementa el riesgo.
La grave situación observada en distintos puntos del Biobío, específicamente en sectores como Lirquén y Punta de Parra, durante esta temporada de incendios evidenció estas diferencias y puso de relieve la ausencia de estándares comunes que permitan una prevención más sistemática y verificable.
Aquello fue graficado por el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela -quien era titular de la cartera cuando se ingresó al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Incendios-, que, en conversación con Diario Concepción, indicó que “somos el único país de la OCDE que no tiene cortafuegos obligatorios”.
Sobre la falta de norma entorno a aquello, Valenzuela complementó que “como también hay bosques sin manejo, también hay que decir que hay propietarios que hacen cortafuegos con la comunidad (…) aquí se ha debido apelar a la corresponsabilidad”.
Así, respecto de la afirmación de Valenzuela, Chile es el único país con alto riesgo de incendios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no cuenta con una ley que obligue a propietarios privados a mantener cortafuegos y gestionar la vegetación en zonas críticas de interfaz.
Aunque existen planes estatales y colaboraciones voluntarias de empresas forestales, no hay una norma legal que el Estado pueda fiscalizar de manera general para obligar a todo dueño de un terreno a despejar su perímetro.
Si bien en Chile se construyen miles de kilómetros de cortafuegos preventivos cada año a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), estos se hacen mayoritariamente en terrenos públicos o caminos. La falta de una obligatoriedad legal para los privados es lo que sitúa a Chile en una posición excepcional (y vulnerable) respecto a sus pares de la OCDE.
Futura Ley de Incendios
Actualmente se busca revertir este escenario con el proyecto de Ley de Incendios que fue aprobado por el Senado y avanzó a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
No obstante, a pesar de haber sido aprobada por la Sala del Senado, la normativa no pudo ser puesta en Tabla en la Cámara Baja y deberá esperar hasta marzo de este año para continuar su tramitación. Esto considerando que la última sesión de la Cámara, antes del receso legislativo, se realizó este 28 de enero, donde no se discutió la iniciativa, y la próxima está programada para el 2 de marzo de este año.
