El fortalecimiento de nuestras castigadas instituciones debe cubrir un amplio espectro que abarque en su conjunto al sistema democrático, dentro del cual el sector privado ocupa un espacio relevante.
Denuncias e investigaciones que han salido a la luz los últimos años han alimentado el descontento social cuando dan cuenta de episodios originados en una conveniente e interesada inoperancia de los órganos de control y las normas que deben regular su funcionamiento.
No se trata solo de señalar el indiscutible peso de las contrapartes en todos los episodios de corrupción. También debemos lamentar la degradación del rol de una porción del empresariado que ha contribuido a este estado de cosas con excusas que, aunque puedan resultar comprensibles para algunos, para la mayoría están muy lejos de ser aceptables. Frente al doble avasallamiento de la ética para hacer negocios y política, muchos han bajado la cabeza, aceptando con aviesa intención y silenciosamente semejantes reglas de juego, buscando de qué manera podían obtener de ellas algún beneficio de corto plazo.
Por su parte, las entidades gremiales empresariales también deberán hacer su mea culpa, pues más que dar potentes señales de rechazo a estas desviaciones, han actuado con singular tolerancia, acomodándose a ese estado de cosas más que denunciándolo.
De hecho, el propio presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett -quien ayer expresó el respaldo a reformas políticas que permitan una mayor ecaudación tributaria- ha reconocido que ignoraron este creciente descrédito empresarial que ha sido parte angular del descontento social expresado por millones de chilenos.
En tiempos en que muchos ejecutivos de empresas se llenan la boca anunciando todo tipo de iniciativas según el concepto de responsabilidad social empresarial, todas ellas muy loables, cabe también preguntarse si la vigencia de las instituciones que permitía el desarrollo de la actividad privada propia de la libre empresa no era un bien social del que valía la pena ocuparse, tan precioso como pueden serlo la preservación del medio ambiente o la ayuda a la educación.
Lamentablemente, empresarios que solo han buscado el amparo del Estado y del amiguismo político hemos tenido siempre. A la sombra de cada uno de la mayoría de los gobernantes de las últimas cuatro décadas han crecido y se han enriquecido sus constructores de obras públicas y, por lo general, sus banqueros preferidos; hombres de negocios más sagaces para detectar los comportamientos de quienes administran el Estado que las preferencias y necesidades del mercado.
En suma, así como la sociedad chilena hoy le está reclamando ejemplaridad en los líderes políticos, en los legisladores, en los jueces y en el periodismo, también exige empresarios que se ocupen de innovar para crear riqueza y empleo, con los riesgos que eso implica, y no financistas y cortesanos en busca de protección para alcanzar lo que, librados a una sana competencia, acaso jamás podrían lograr.
