La proyección de una histórica tendencia al alza en el precio del cobre, que espera cifras de hasta U$6,7 por libra para 2027, no solo ha significado una esperanzadora noticia para la economía nacional, sino una muy roja alerta en las empresas eléctricas que han aprendido en los últimos años que cada vez que el “oro rojo” sube de precio, los robos de cables aumentan.
Dicho y hecho. Las empresas que operan en terreno ñublensino, como las autoridades regionales, han acusado un incremento de este tipo de delitos durante este mes, con un último caso registrado en el sector rural de El Álamo, de Pemuco, desde donde desaparecieron 3.600 metros de conductores, dejando a cientos de familia sin luz ni agua, considerando que en muchos hogares se suministran con pozos punteras.
Lo anterior motivó reuniones de representantes de las secretarías regionales de Energía, Seguridad Pública y Transportes y Telecomunicaciones, para planificar un trabajo junto a todos los actores involucrados, desde compañías eléctricas a las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía Regional, la que desarrolló un Foco Investigativo por este tipo de crimen, junto al Servicio de Aduanas del Biobío.
Se oficializó a la Seremi de Seguridad Pública como la coordinadora de la “Mesa de Prevención del Robo de Cable Conductor”, cuyo propósito es desarrollar acciones preventivas conjuntas, con énfasis en poder establecer en el territorio los puntos críticos donde se ha afectado el tendido eléctrico, materia que exige monitoreo en terreno de los diferentes espacios dentro de las comunas de Ñuble, campañas de prevención y el fomento a la denuncia efectiva por parte de las comunidades.
Todo esta planificación se respalda en que esta actividad delictual no solo afecta a las empresas.
Como ejemplo, el seremi de Transportes, Javier Isla, sostuvo que las telecomunicaciones “son fundamentales para garantizar la conectividad de nuestras comunidades, especialmente en los sectores más aislados y rurales de nuestra región”.
Sobre las modificaciones legales
Dentro de las modificaciones, en materia penal, a la Ley 21.671 del robo y hurto de cables, se establecen penas de crimen, es decir, parten desde los 5 años y un día a 10 años de cárcel.
Se consideran agravantes y objeto de penas o multas adicionales el que los delincuentes se caractericen o se hagan pasar por funcionarios o trabajadores de alguna empresa eléctrica, llegando a las 40UTM de sanción.
Por lo demás, se prohibirá la venta no certificada ni respaldada de cobre en aquellos locales de compra y venta de metales, mientras que también hay sanciones anexas por la extensión de estos delitos al crimen organizado, asociaciones criminales o por el intento de sacar el material robado fuera del país, ya sea por contrabando, o utilizando métodos irregulares para ingresar material robado a canales formales de comercialización.
El seremi de Energía, Dennis Rivas, explicó que los vecinos que sean afectados o detecten actividades irregulares, “pueden denunciar de manera anónima y segura al *4242 ante cualquier actividad o movimiento sospechoso en los sectores rurales”.
