Una nueva revelación de la Contraloría General de la República sobre el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, que se pasearon por casinos o salieron del país durante sus supuestos períodos de reposo, vuelve a golpear la ya debilitada confianza ciudadana.
Lo que antes era rumor o sospecha, hoy se respalda con datos concretos. El informe Consolidado de Información Circularizada N°15, correspondiente al periodo 2023-2024, da cuenta de una realidad tan alarmante como inaceptable: 13.286 funcionarios públicos acudieron a casinos de juego mientras presentaban licencias médicas. Es decir, en lugar de guardar reposo, optaron por el ruido de las máquinas tragamonedas, los shows en vivo, las ruletas o, simplemente, los bares y restaurantes de los 25 recintos fiscalizados por la Superintendencia de Casinos.
La Región de Ñuble no quedó ajena: 615 funcionarios aparecen en el registro de licencias médicas con visitas a casinos, ubicando a la región en el octavo lugar a nivel nacional.
¿Estamos frente a casos aislados?
La dimensión del escándalo sugiere lo contrario. Casi 800 instituciones públicas están involucradas: 30% son municipalidades y 29% pertenecen al sistema de salud. Junji, Integra, Codelco, la Subsecretaría de Salud, el Instituto de Previsión Social, incluso BancoEstado y la Dirección General de Aeronáutica Civil están entre las entidades que más concentran licencias médicas con ingresos a casinos. Esta lista, lejos de ser anecdótica, representa un patrón sistémico de abuso que erosiona la credibilidad institucional.
Lo ocurrido no es solo una falta a la ética individual. Es también el reflejo de un sistema de control debilitado, incapaz de detectar y corregir a tiempo estas prácticas. La Contraloría ha hecho lo suyo: investigar, cruzar datos, exponer los resultados. Pero el daño ya está hecho, y la pregunta inevitable es: ¿cómo pudo permitirse esto por tanto tiempo sin consecuencias?
Las primeras renuncias ya ocurrieron. La Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, y una funcionaria de la Secom vinculada al entorno del Presidente, dejaron sus cargos tras el escándalo de los viajes al extranjero revelado en mayo. Sin embargo, la magnitud de lo descubierto no puede resolverse con unos pocos nombres caídos.
La ciudadanía está harta de escándalos que terminan en comunicados tibios, sumarios eternos y sanciones simbólicas. La indignación no radica solo en ver a un funcionario jugar en el casino o pasearse por el Caribe con licencia médica. El verdadero problema es la sensación de impunidad, el mensaje tóxico de que en el Estado se puede engañar sin consecuencias.
Ñuble, como muchas otras regiones del país, conoce bien lo que significa el esfuerzo público. Aquí, el Estado es el único que se ocupa de las zonas rurales apartadas, de las escuelas multigrado, de los hospitales comunitarios y también de los principales centros de salud. Por eso, cada abuso resuena con más fuerza. Porque es una bofetada al esfuerzo de quienes sí hacen bien su trabajo y cargan con la mala fama que provocan una minoría de infractores
