La discusión sobre seguridad pública y políticas penitenciarias ha cobrado un nuevo impulso en la agenda nacional tras la reciente visita del presidente electo, José Antonio Kast, a El Salvador, país cuya estrategia contra el crimen organizado ha sido considerada por algunos sectores como ejemplo de medidas severas para enfrentar la violencia y la delincuencia. Más allá de los matices ideológicos o valorativos de ese modelo, que han generado debate en distintos espacios, lo cierto es que el tema de la seguridad, la justicia y la rehabilitación penitenciaria vuelve con fuerza al centro del debate público. Y para Chillán, capital de Ñuble, ese retorno coincide con una histórica necesidad largamente postergada: sacar la cárcel del centro de la ciudad.
Hace más de 15 años que esta demanda se instaló con fuerza en la agenda local. Desde 2008, cuando comenzaron las primeras tratativas formales, cada gobierno ha reconocido que tener un centro penitenciario en pleno corazón urbano no solo es inadecuado desde la perspectiva del ordenamiento territorial, sino que también contradice los principios básicos de seguridad, convivencia y calidad de vida para los vecinos, trabajadores y comerciantes de Chillán centro. Sin embargo, a la fecha, ninguna administración ha logrado concretar ese anhelo de décadas, quedando las promesas en planos técnicos sin resultados tangibles.
La confirmación reciente por parte del ministro de Justicia de un estudio para evaluar la reubicación de la cárcel de Chillán representa una señal alentadora. El anuncio de que finalmente se analizará de manera seria y estructurada la posibilidad de trasladar el penal a un lugar más acorde con los tiempos y las necesidades de la ciudad ha suscitado expectativas legítimas. Pero también invita a la reflexión: ¿cuánto tiempo más debe esperar Ñuble para una solución que es, a todas luces, urgente y justa?
En este contexto, la prioridad que el Presidente electo ha otorgado a temas de seguridad y justicia podría constituir una oportunidad histórica para Ñuble. Si la seguridad es una preocupación central del nuevo gobierno, la región tiene argumentos sólidos para demandar que la reubicación del penal sea parte de esa agenda prioritaria. No se trata simplemente de deshacerse de una infraestructura física incómoda en el centro urbano: se trata de mejorar la seguridad ciudadana, dignificar las condiciones de reclusión, abrir espacios urbanos para usos más compatibles con la vida ciudadana y reducir tensiones sociales que generan zonas de conflicto al interior de la urbe.
Es importante comprender que la cárcel de Chillán no es un problema aislado. Su ubicación en un sector densamente poblado genera efectos negativos que se filtran en la percepción ciudadana de inseguridad, en la presión sobre los servicios públicos y en la calidad de vida de los vecinos. Además, limita las posibilidades de desarrollo urbano del centro, espacio que podría revitalizarse con proyectos culturales, comerciales o comunitarios si se liberara de la impronta carcelaria. En síntesis, quitar el penal del corazón de la ciudad es una medida de seguridad y también de dignidad urbana.
Los gobiernos locales y regionales han abogado por esta solución durante años, pero se necesita ahora algo más que buenos deseos y estudios técnicos: se requiere voluntad política sostenida, un compromiso claro del ejecutivo entrante y un plan articulado de financiamiento que contemple plazos y metas concretas. La prioridad nacional en seguridad puede y debe traducirse en un compromiso específico con esta causa histórica de Ñuble.
