Continúa la búsqueda de un terreno para construir una nueva cárcel regional, admitió ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, en su visita a la ciudad para inaugurar el nuevo Centro de Justicia.
En una entrevista en Radio La Discusión, el secretario de Estado abordó la realidad binaria de la infraestructura pública para la justicia en nuestra región, pues mientras se da un salto de calidad con el edificio ubicado en Vega de Saldías con Yerbas Buenas, la promesa de erradicar el actual centro penitenciario cumple dos décadas y sigue siendo eso: apenas un anuncio, un ejercicio sonoro repetido por cuatro administraciones consecutivas.
Ciertamente, este avance que significó una inversión de 20 mil millones de pesos por parte del Poder Judicial solo puede ser recibido con beneplácito por los chillanejos (as), pues responde a una concepción integradora de la justicia, al reunir en un mismo espacio a la Corte de Apelaciones, al Juzgado Civil y al Tribunal de Familia, lo que favorecerá a los usuarios del sistema, como se demuestra con centros de similares características en otras ciudades del país.
Sin embargo, a pocos metros de donde se cortó la cinta del edificio más moderno de la ciudad desde el punto de vista arquitectónico y de servicios, la postal es completamente diferente: un recinto penal (dependiente del Ministerio de Justicia) muy deteriorado y superado en su capacidad, cuyas deficiencias estructurales impiden el desarrollo de programas de educación y formación laboral para una posterior rehabilitación.
Al revisar nuestro archivo de prensa, constatamos que ya en 1998 se le planteaba a la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, construir un recinto penal fuera de la ciudad. Ocho años después, durante la primera administración de Michelle Bachelet, se comenzó a hablar de un proyecto para una nueva cárcel en la antigua provincia de Ñuble. En aquel momento se dijo que solo faltaba definir el terreno que sería comprado “a la brevedad” para luego licitar su construcción.
Como muchos otros anuncios, este nunca se concretó,
Desde el terremoto de 2010 y la posterior fuga de presos e incendio de toda la cuadra del penal -incluidas varias casas particulares- han abundado las propuestas bienintencionadas, pero los hechos concretos han brillado por su ausencia. Estuvo en los planes de los dos gobiernos de Piñera y lo mismo en Bachelet II, pero a la fecha persiste el problema de dónde construir las nuevas instalaciones, confirmando no solo la enorme dificultad para obtener la aprobación de las comunidades de zonas aptas para su emplazamiento, sino también que lo que escuchamos de algunas autoridades pasadas, de supuestas gestiones para adquirir aquel terreno que permitiría habilitar un moderno penal, fueron solo declaraciones efectistas, sin la intención de realmente solucionar el problema que significa tener una cárcel al borde del colapso en pleno centro de la ciudad.
Veremos si lo expresado ayer por el Ministro de Justicia se suma al inventario de promesas y olvidos de sus antecesores o realmente da cuenta de una decisión firme de encarar el proyecto de la nueva cárcel que la región de Ñuble necesita.
